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CIUDAD DE MÉXICO. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) condenó al líder sindical minero y senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, a pagar a algunos agremiados más de 54 millones de dólares, que en 2004 fueron depositados para su beneficio por la empresa Grupo México en un fideicomiso.

Es la tercera vez en 15 años de litigio que la JFCA condena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros (SNTM) a responder por este dinero, pero es la primera vez que dicta un laudo en el que señala a Gómez Urrutia como «obligado solidario» y por tanto, también responsable del pago.

Gómez Urrutia, quien afirma que el dinero del fideicomiso fue repartido a los beneficiarios hace más de una década, puede impugnar el laudo mediante un nuevo amparo directo, que prolongará el caso durante varios meses más.

La Unión Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, disidente del SNTM, informó este domingo sobre el nuevo laudo, dictado el miércoles pasado por la JFCA, que tardó más de un año en ejecutar un amparo concedido a los trabajadores inconformes por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en enero de 2020.

En dicho amparo, se ordenó a la JFCA pronunciarse, precisamente, sobre la responsabilidad solidaria de Gómez Urrutia, a quien los quejosos acusan de extinguir el fideicomiso en 2005, para quedarse con los 54 millones 84 mil dólares que estaban disponibles.

En el nuevo laudo, la JFCA también absolvió de responsabilidad a Scotiabank, la institución donde fue establecido el fideicomiso.

El asunto se remonta a 1990, cuando Grupo México compró Minera Cananea y ofreció al SNTM una participación accionaria, lo que se materializó en 2004, con el depósito de 55 millones de dólares en el fideicomiso.

Este caso provocó, en 2006, cargos penales por fraude contra Gómez Urrutia, quien huyó a Vancouver, pasó doce años en Canadá, fue absuelto de las acusaciones, y regresó al País en 2018, como senador plurinominal por Morena.

Desde 2018, el SNTM afirmó que ya había pagado a los trabajadores y calificó de ilegal otra de las condenas que previamente había dictado la JFCA en su contra.

«El sindicato pagó la cantidad de 233 millones 539 mil pesos a 5 mil 202 trabajadores o beneficiarios, mientras que 71 trabajadores o beneficiarios no cobraron los cheques, mientras que otros fueron cancelados por diversos motivos», aclaró.

La JFCA, por su parte, ha mencionado en sus laudos a unos 300 trabajadores beneficiarios, pero ha considerado necesario abrir un incidente de liquidación para conocer el total de afiliados de la sección 65 del sindicato que en 1990 laboraban para Minera Cananea, y así lograr una repartición equitativa.

En 2019, la Suprema Corte de Justicia rechazó la solicitud del tribunal colegiado para atraer el más reciente amparo de los mineros inconformes, mientras que en mayo de 2020, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, otorgó a Gómez Urrutia la toma de nota como Secretario General del SNTM para un nuevo periodo de seis años.

Rechaza equipo jurídico de senador laudo

El equipo jurídico del Gómez Urrutia rechazó el laudo condenatorio que obliga al SNTM a este pago, pues carece de validez.

«El laudo carece de validez jurídica y no existe la obligación de pagar, además», sentenciaron los abogados del líder sindical minero en conferencia de prensa.

«Existen pruebas más que suficientes para lograr que se revierta el fallo, sobre todo porque el Tribunal Colegiado va a determinar que no están debidamente cumplida su sentencia de amparo a favor de esta organización y le va a pedir a la JFCyA dicte un nuevo laudo», explicó el abogado Mario Muñoz Saavedra.

«Vamos a manifestar que en la sentencia 912/2018 se otorgó un amparo al Sindicato para que se dictará un laudo de 25 expedientes, pero que sólo se tomaron en cuenta 21».

Acompañado por los abogados Nahir Velasco, Oscar Alzaga, y el tesorero del sindicato, José Ángel Hernández, dijo que los expedientes con los que se acreditó; el pago de 23 millones de dólares, prueban fehacientemente que el dinero es del sindicato y que no hay obligación de pagar, siguen sin ser tomados en cuenta.

El abogado adelantó que se promoverá un amparo a nombre del sindicato y del senador para volver a impugnar el fondo del asunto, ya que hasta ahora no se ha tomado en cuenta.

En los siguientes meses y años no existirá la obligación de hacer ningún pago porque el caso sigue pendiente de impugnaciones, dijo.

Nahir Velasco destacó que esta acción es una venganza de la presidenta de la Junta, María Eugenia Navarrete Rodríguez, de Grupo México y de un grupo de empresarios contra el sindicato y su dirigente, por impulsar la regulación de la subcontratación y la defensa de los derechos de los trabajadores.

«Es evidente que la Cuarta Transformación no ha pasado por la JFCyA, ya que impera la corrupción y subsisten funcionarios de administraciones pasadas, que han estado y están al servicio de grupos empresariales.

Con información de Mayolo López
Víctor Fuentes
Agencia Reforma


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