REFORMA
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Con el respaldo mayoritario de las bancadas del PAN, PRI y PRD, Morena empujó la llamada «Ley Zaldívar», una reforma al Poder Judicial que, acusaron algunos legisladores, empodera a su artífice, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

La reforma avanzó con 83 votos en favor, 13 en contra y tres abstenciones, dos de ellas de los morenistas Ricardo Ahued y Julio Menchaca.

«Hubo llamadas de Ministros, cabilderos y Gobernadores, todos presionando para que pasara esta reforma», denunció en tribuna el senador panista Damián Zepeda.

De hecho, un senador involucrado en la confección del dictamen aseguró que el propio presidente de la Corte tomó el teléfono para presionar a los parlamentarios.

En la bancada panista trascendió que Morena había ofrecido no perseguir al Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, señalado en la trama de los sobornos del caso Emilio Lozoya.

El senador emecista Juan Zepeda afirmó también que hubo «presiones de Gobernadores o de integrantes del Poder Judicial».

«No me quiero imaginar cuántas órdenes de aprehensión les exhibieron para que el bloque de contención se haya pulverizado», lanzó.

A juicio de Emilio Álvarez Icaza, la aprobación de la reforma obedecía a «un pago de factura».

«Parece que para pagar la consulta (a los ex Presidentes)».

El poder que adquirirá el Ministro Zaldívar quedó de manifiesto en el artículo 100 que establece que «en contra de la designación de magistradas, magistrados, juezas y jueces no procede recurso alguno, pero los resultados de los concursos de oposición podrán ser impugnados ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal».

A la hora en que se perfilaba la aprobación de la reforma, el coordinador del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, apremió en vano a la mayoría de las bancadas del PRI y del PAN a que votaran en contra, so pena de que dieran cuerpo, advirtió, a la disolución del bloque opositor que hace año y medio se había conformado en la Cámara alta.

«Es una reforma que busca la concentración del poder y no el acceso a la justicia. Se plantean escenarios de empoderamiento indebido del Presidente de la Corte, quien al mismo tiempo es Presidente del Consejo de la Judicatura. Pretenden que sea éste quien decida unilateralmente si proceden o no los recursos de revisión en amparos, y que ante su rechazo no proceda ningún medio de impugnación», alertó.

Delgado dijo además que se asignaban al Consejo de la Judicatura Federal «atribuciones propias de un Tribunal de Torquemada para doblegar a jueces y magistrados independientes, algo inaudito para los momentos críticos que vive hoy nuestra República, donde la independencia judicial debería ser inequívocamente garantizada».

El panista Zepeda cuestionó el papel que estaba jugando la Oposición al avalar la «Ley Zaldívar»

«¿Cómo es posible que quieran que creamos el cuento de que va a cambiar la justicia con esto si no tocas los temas importantes para transformarla: autonomía, independencia, un verdadero profesionalismo, inversión, facilidades de agilidad en los juicio!» alegó.

«¿Qué hace esta reforma para eso? Nada. Entonces, la pregunta es por qué este Senado de la República, y principalmente por qué la Oposición va a permitir que pase esta reforma. Porque sin los votos de la Oposición, esta reforma no pasa. Y no debería de pasar, lo digo con toda claridad», dijo.

El coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, rechazó que el Presidente de la Corte haya acumulado más poder.

«¿Dónde está aquí el exceso de control del presidente de la Corte? ¿Dónde está el empoderamiento del presidente de la Corte?», cuestionó.

La reforma comprende la consolidación de la carrera judicial para todas las categorías, a la que se accederá mediante concurso de oposición, así como la limitación a la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados.

Además, el reforzamiento de las facultades institucionales del combate a la corrupción y al nepotismo; impulso a la capacitación y profesionalización del personal a través de la creación de una Escuela Judicial; y e+l fortalecimiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, «de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres».

La reforma crea Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se susciten en el País entre órganos jurisdiccionales.

El texto incorpora la la transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones.

Además, una modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del País.


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