REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO. El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, defendió las reformas por la que se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, al afirmar que era necesario fortalecer el marco jurídico.

«Hay información donde no solamente es importante enfatizar que estas reformas no son una decisión que se haya hecho de manera aislada», expresó durante el Congreso Internacional de Derecho Penal, que organiza la Facultad de Derecho de la UNAM.

«Era necesario fortalecer el marco jurídico, considerando la situación urgente que amerita instrumentar a todos los órdenes de gobierno y a las distintas instituciones que persiguen delitos y que los procesan, para que se actúe con toda determinación».

El Senado aprobó reformas para instaurar prisión oficiosa a delitos como feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada y robo de combustibles y al transporte de carga.

Organizaciones, activistas y especialistas en Derecho señalaron que estas reformas no sólo representan una regresión del sistema judicial en México y atentan contra la independencia del Poder Judicial, sino que agravarán el volumen de personas sin sentencia en prisión.

«Como todo ejercicio de gobierno, las opiniones pueden estar polarizadas, pero es importante la discusión, en esta Administración tenemos y hemos garantizado no solamente la diferencia de estas opiniones, tenemos que apostar por las víctimas y por los sectores históricamente vulnerables», expresó.

Peralta destacó que las reformas aprobadas la semana pasada, que calificó de importantes, quitan el «blindaje» a algunas figuras delictivas y castigan con cárcel sin derecho a fianza ilícitos que han lastimado profundamente al tejido social y a la ciudadanía.

Durante el congreso virtual, Peralta argumentó que, por ejemplo, el delito de feminicidio ha ido en aumento a nivel nacional al pasar de 411 víctimas en 2015 a 976 en 2019, de acuerdo con datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Abundó que México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil, según reportes de la OCDE, y que tan sólo de enero de 2019 a la fecha se contabilizaron más de 40 mil personas sin localizar.

«Tenemos que asegurar una verdadera gobernabilidad, así como una transformación profunda, de adentro hacia afuera, que sea duradera y que cimiente una sociedad más pacífica», urgió.

«Hoy, frente a esta realidad, se convierte en una aguda exigencia garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de cualquier persona, de cualquier habitante y de cualquier situación que se presente en nuestro País»

Tras reconocer que México enfrenta retos muy serios en materia de violencia, dijo que no puede haber gobernabilidad si no existe una política seria de combate a la impunidad que proteja a las mujeres y acabe con la corrupción, entre otros fenómenos delictivos.

El subsecretario recalcó que es deber del Gobierno federal buscar una justicia más amplia basada en el respeto a los derechos humanos, que asegure que las víctimas y afectados sean el centro de la protección primordial.

«Hoy estoy muy orgulloso de pertenecer a un Gobierno que está comprometido con atender el reclamo social de una mejor impartición de justicia, que tiene primordialmente un fin, que es disminuir la inseguridad, disminuir la violencia criminal, pero primordialmente acabar con la impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro País».

«Es importante remarcar que cada servidor público que forma parte de esta transformación debe de estar velando siempre por el respeto irrestricto a los derechos humanos. El patriotismo debe de ganarle la guerra a la corrupción, es lo único que puede salvar a México».

Por: Antonio Baranda


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