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CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos cinco años, el Gobierno de Estados Unidos ha señalado a 27 personas y 46 empresas de estar ligadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los ramos de la empresas van desde inmobiliarias, hoteles, restaurantes, pastelerías, farmacéuticas, centros de belleza, despachos de arquitectos hasta clínicas para cirugías estéticas, plazas comerciales y medios de comunicación.

Entre las personas señaladas se encuentran el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, el abogado Víctor Francisco Beltrán García, los empresarios Jesús Pérez Avelar y Miguel Leone Martínez.

Además de hermanos, esposas y demás familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», y Abigael González Valencia, «El Cuini».

Los señalamientos se han hecho desde la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que al designar a estas empresas automáticamente congela sus cuentas y prohíbe a cualquier entidad en ese país entablar relaciones comerciales con los designados.

La empresas ligadas con el CJNG tienen domicilios registrados en Jalisco, en municipios como Zapopan, Tonalá, Vallarta, y en otras entidades como Quintana Roo, Estado de México y la Ciudad de México.

Por ejemplo, el restaurante Mizu Sushi Lounge sigue en operación en Guadalajara y ofrece servicio para llevar en rangos mínimos de precio de entre 200 y 300 pesos; la Plaza Los Tules, con diversos servicios y comida rápida, también sigue vigente, aunque por la pandemia está cerrada temporalmente.

Las cabañas «Las Flores», en Tapalpa, ofrece hospedajes ecológicos por 5 mil pesos la noche, mientras que el Hotelito Desconocido, en Puerto Vallarta, ofrece alojamiento estilo ecoluxe, en donde todos los bungalows y villas están construidas dentro de un cuerpo de agua.

Algunas de las personas designadas por la OFAC han sido arrestadas, pero la inmensa mayoría está libre o al menos no se ha informado públicamente sobre su detención.

En marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 6 empresas y 5 personas físicas presuntamente vinculadas con el CJNG, a quienes se les detectaron depósitos por 370 millones de pesos.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, reprochó que en la anterior Administración y en la actual se pronunciaron por evitar la confrontación y atender «objetivos prioritarios».

«No es posible desaparecer a la delincuencia organizada, pero sí disminuir su poder, acotarla en su mínima expresión y que no sea violenta. Esto se logra si se pega en el bolsillo de las organizaciones y en el abastecimiento de todo, de las drogas, las armas y sicarios», refirió.

 

Benito Jiménez y Ricardo Pérez
Agencia Reforma


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