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El Consejo de la Judicatura Federal pudo otorgar seguridad personal apenas al 14 por ciento de los jueces que lo solicitaron durante 2019.

De las 303 peticiones valoradas ese año, sólo se hicieron 42 asignaciones de escoltas, vehículos blindados, prendas de protección o medidas de seguridad provisionales, según el Informe de Labores del organismo de ese año.

Impartidores de justicia consultados revelaron que existen reglas no escritas sobre la asignación de personal de seguridad y unidades blindadas.

«Hay algo que no se dice, pero en la actual Administración, si tienes escolta te buscan cambiar de adscripción para quitártela y por eso algunos jueces y magistrados prefieren no pedir o renunciar a sus escoltas para que no los cambien a otro circuito», dijo uno de ellos a condición de anonimato.

Otro mencionó que, además, a los juzgadores con personal de custodia y vehículo blindado se les descuenta la ayuda mensual de «traslados», que representa entre 8 mil y 10 mil pesos mensuales, además de que deben pagar la gasolina.

A esa situación atribuyen que durante el mismo 2019, se retiraron un total de 145 asignaciones de vehículos, chalecos o servicios de escoltas.

En esa situación se encontraba por ejemplo el juez Uriel Villegas Ortiz, asesinado el martes pasado junto con su esposa, frente a su domicilio en la Ciudad de Colima.

Villegas confirmó mediante oficio firmado el 21 de febrero de ese año que renunciaba al vehículo y al chaleco blindados, asÌ como a los seis escoltas que tenÌa asignados estando aún adscrito a Jalisco.

Al final del sexenio de Felipe Calderón, el momento más violento en México, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) triplicó su flota de camionetas blindadas.

En 2016 solo tenía 69 unidades, pero a finales de ese año y durante 2017 adquirió otras 140 unidades. En 2018 ya reportó una flotilla de 210 unidades blindadas.

Para este año 2020, el Consejo de la Judicatura Federal presupuestó 756 millones de pesos para la seguridad de jueces y magistrados.

Abel Barajas
Agencia Reforma


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