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CIUDAD DE MÉXICO.- Una fallida remodelación de los edificios que conforman San Lázaro le está saliendo muy caro a los mexicanos: al menos 62 millones de pesos podrían terminar en la basura.

Esta semana inició el retiro de las placas de materiales comprimidos que en 2013 sustituyeron la cantera original de piedra, material que tres años después de instalado se empezó a echar a perder.

El despacho Ramírez Vázquez y Asociados, S. A. de C. V. fue el encargado de colocar el material y ahora es demandado penalmente por el daño causado al recinto legislativo, considerado patrimonio histórico y artístico del País.

La Cámara de Diputados reclama la reparación del daño correspondiente al costo de la obra; la erogación de 39 millones de pesos, que costará el retiro de 16 mil piezas y, el gasto que implicará la colocación de las nuevas placas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, advirtió sobre los riesgos de mantener las placas, de acuerdo con un dictamen solicitado por la Cámara baja.

«Se recomienda la remoción de las piezas para mitigar el riesgo en carácter urgente, ya que nos encontramos en temporada de lluvias y éstas pueden aumentar el deterioro y desprendimiento, convirtiéndolas en riesgo a la población», refiere el estudio emitido el 30 de septiembre y del que Grupo REFORMA tiene copia.

El secretario de Servicios Administrativos y Financieros, Juan Carlos Cummings, explicó que el retiro de placas se inicio de inmediato por el riesgo que representa para los legisladores, trabajadores y visitantes.

La obra tuvo un costo de 62 millones de pesos y se realizó con retrasos en la entrega y sin cumplir con las especificaciones de calidad.

Esta semana inició el retiro de las placas de materiales comprimidos que en 2013 sustituyeron la cantera original de piedra, material que tres años después de instalado se empezó a echar a perder.

Una fallida remodelación de los edificios que conforman San Lázaro le está saliendo muy caro a los mexicanos: al menos 62 millones de pesos podrían terminar en la basura.

Claudia Salazar y Martha Martínez
Agencia Reforma


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