Alberto Chiu
Alberto Chiu

En lo que va del año, elementos del Ejército Mexicano han sido objeto de por lo menos 11 agresiones violentas, mientras desempeñaban las labores que les ha tocado hacer, muchas de las cuales corresponderían más bien a las autoridades civiles, pero ante la ausencia o inoperatividad de éstas, las fuerzas armadas tuvieron que “entrarle al toro por los cuernos”.

Prácticamente todas estas agresiones se convirtieron en notas y videos virales, sobre todo en las redes sociales, provocando grandes cantidades de comentarios de la población, muchos de los cuales apuntaron sus baterías (erróneamente) por la aparente “pasividad” de los soldados y sus mandos, al no responder con fuerza ante dichas amenazas, golpes, pedradas, insultos, y hasta siendo encañonados por presuntos “ciudadanos” que, en muchos casos, no eran otra cosa que delincuentes escudados en población civil.

Pero a partir de este pasado lunes, parece que las cosas podrían dar un giro importante: mediante un comunicado oficial, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que se ha girado la instrucción de que las fuerzas armadas respondan a estas agresiones, en carácter de legítima defensa, cuando se encuentren cumpliendo con su deber, que es el de garantizar la seguridad y la paz en el territorio mexicano.

Señala el comunicado, textualmente, que “ante la ocurrencia de un delito y en los casos que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país, y sean objeto de una agresión se actuará en su defensa legítima conforme a los principios del Uso de la Fuerza y su gradualidad”, y menciona que dicho actuar estará conforme a la protección de los derechos humanos y, por supuesto, apegado a la legalidad.

Hay que recordar. A los elementos del Ejército los han agredido mientras intentaban evitar el saqueo de un tren en Querétaro; cuando detuvieron a un presunto “halcón” del crimen organizado; cuando identificaron e intentaban asegurar tomas clandestinas de gasoductos y oleoductos; cuando resguardaban bodegas donde se almacenaba “huachicol”; o incluso cuando, luego de asegurar unas armas a un grupo delictivo, supuestos pobladores de La Huacana, en Michoacán, fueron a quitárselas… para devolverlas a los delincuentes.

En todas esas ocasiones, hubo quienes acusaron a las Fuerzas Armadas de ser “blandengues”, simplemente porque seguían la orden de privilegiar la no-confrontación, para protección de los ciudadanos. La nueva instrucción, se supone, pretende acabar con ese abuso de los civiles que se escudaban en la situación previa, para seguir cometiendo delitos y sobajar y menospreciar a la autoridad.

Y seguramente, como siempre sucede, en el primer incidente que ocurra donde el Ejército o la Guardia Nacional se defiendan ante una agresión, saldrán los críticos a decir que son “represores”, o “instrumentos para someter al pueblo”, etcétera. No nos confundamos. Su servicio a la Patria está por encima de cualquier delincuente que se quiera hacer pasar como parte del “pueblo bueno y sabio”, pues con sus acciones ya renunció a esa categoría.

Responderán, y con su respuesta, ojalá se manden los mensajes necesarios y suficientes para decirle a la delincuencia ya no un “fuchi, guácala”, sino un “hasta aquí” que el verdadero pueblo bueno de México clama desde hace mucho tiempo.


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