Alberto Chiu
Alberto Chiu

Sin que exista un “límite de tiempo” para concluir con todos los procesos previos a la construcción y puesta en operación de la Presa Milpillas, la afirmación del gobernador Alejandro Tello durante su reciente informe de gobierno fue contundente: “Milpillas, va”. Bueno, al menos dice tener la determinación firme de que se llevará a cabo. Pero…

Los conflictos inherentes a la proyección, socialización y concreción del proyecto, han venido dando al traste con el inicio de su construcción, y ya desde el 2016 había señalamientos de presuntas irregularidades que, tres años después, el gobernador se encargó nuevamente de sacar a flote con la instrucción a la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, de que se investigue el “ruido” que hay en el asunto. Y el ruido ya es más bien un estruendo.

Los contratos existentes de los procedimientos iniciados en Milpillas, están siendo observados –con posibilidad de fincamiento de responsabilidades resarcitorias– por poco más de 12 millones de pesos; desde las investigaciones, se señala como responsable directo al entonces secretario de Agua y Medio Ambiente, Víctor Armas Zagoya, y como responsable “subsidiario” a Esaú Constantino Ruiz, su entonces brazo derecho como jurídico de la dependencia, y a la postre hoy titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente en el estado, puesto que a decir de muchos fue un pago de facturas. ¿Qué le pagarían?

Pero está también señalado como “responsable solidario” el Corporativo Internacional Krystal SA de CV, empresa que presuntamente se encargó de realizar un “diagnóstico integral de los regímenes de propiedad privada, así como ejidal y/o comunal en zona de inundación del vaso donde se construirá la presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teul”… pero que nunca entregó evidencia documental de que lo haya hecho, y por eso están siendo observados.

Resulta por demás extraño que esta empresa, además, es bastante difícil de localizar, aun cuando se sabe que ha realizado, desde su creación en 2011, diversos estudios del mismo tipo (determinación de regímenes de propiedad) para dependencias federales como la SCT, o para gobiernos como el del estado de Morelos, con contratos por servicios idénticos, pero cuyos documentos son más parecidos a los de un contrato de obra pública. Ni en redes está, vamos.

A varios llama la atención también que cuente con registros, según algunos analistas, tanto en Zacatecas como en Michoacán, por ejemplo, y que esté ligada a otras obras públicas, relacionadas directamente con el ex secretario de infraestructura local durante el sexenio de Miguel Alonso Reyes, Mario Rodríguez Márquez, quien fuera destituido del cargo en 2015, con serias insinuaciones de que habría participado en el cobro de moches por obras.

Aquí mismo hay señalamientos de que a esa empresa, que incluso fue nombrada como “una de las más importantes empresas de consultoría a nivel nacional” en el ramo de Comunicaciones y Transportes, en 2015, por una revista especializada, se le pagó prácticamente el doble de lo que a los ejidatarios por dejar el paso libre para construir Milpillas.

Las dudas y las sospechas son muchas; la SFP de Paula Rey Ortiz tiene tres años investigando el asunto; las observaciones no han sido solventadas; los responsables están señalados… ¿y luego? Ojalá a la hora en que se den los resultados, no sea demasiado tarde. Mientras tanto, de esa cloaca sigue saliendo un hedor a corrupción muy penetrante.


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