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CIUDAD DE MÉXICO.- La falta de servicios básicos como agua, escasez de personal especializado, instrumentos prestados y procesos que hacen prácticamente imposible saber dónde fueron inhumados cuerpos sin identificar, mantienen al sistema forense mexicano colapsado.

Según el diagnóstico realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos sobre la situación en que se encuentran los Servicios Médicos Forenses (Semefos) y Servicios Periciales del País, esta crisis se vio impulsada por el incremento de la violencia a partir de 2007, que generó decenas de miles de homicidios y de personas desaparecidas.

Con 263 anfiteatros en todo el País, solo hay capacidad para almacenar 5 mil 171 cadáveres; sin embargo, tan sólo en los tres días en que se hizo el estudio, del 29 al 31 de marzo pasados, la subsecretaría detectó que en los Semefos había 8 mil 116 cuerpos, es decir, casi 3 mil cuerpos acumulados de manera inadecuada.

Esta situación se evidenció en septiembre del año pasado, cuando se reveló que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses mantenía 322 cuerpos en dos tráileres, pues los 122 espacios de sus cámaras frigoríficas ya estaban ocupados.

Funcionarios que atendieron dicha crisis narraron a REFORMA que la situación era peor, pues además de los cadáveres en los tráileres, había al menos veinte más tirados en el suelo del instituto, algunos apilados sobre otros.

Ante esta acumulación de trabajo que se disparó hace 12 años, las autoridades estatales realizaron prácticas como la inhumación en fosas comunes sin realizarles los exámenes requeridos.

Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, refirió que también se incineraban cuerpos sin identificar o eran entregados a las universidades con fines académicos.

«Historias de terror», dijo.

El diagnóstico oficial señala que, en al menos 37 mil 443 cadáveres que fueron procesados entre 2006 y 2017, no hay claridad de que se les haya practicado la necropsia de ley, de acuerdo con sus certificados de defunción.

Pero no sólo eso, sino que, en algunas entidades como el Estado de México, los procedimientos son tan irregulares que pierden lo que llaman la «trazabilidad» de los cuerpos que fueron inhumados en fosas comunes, por lo que cuando se ha querido corroborar la identidad de uno en particular las autoridades han tenido que admitir internamente que desconocen su ubicación.

Quintana también destacó que a pesar de que en el País hay cerca de 5 mil 900 especialistas forenses, hay un déficit de antropólogos y arqueólogos forenses, que apenas suman alrededor de 60 en todo el País.

Esta situación se evidenció en septiembre del año pasado, cuando se reveló que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses mantenía 322 cuerpos en dos tráileres, pues los 122 espacios de sus cámaras frigoríficas ya estaban ocupados.

César Martínez
Agencia Reforma


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