Enrique Laviada
Enrique Laviada

El término “empleomanía” se utiliza para designar al afán con el que se codicia un empleo público, hablo de una propensión harto conocida en una entidad como la nuestra, en donde el atraso económico y la escasa iniciativa privada dejan al gobierno el espacio predominante.

Desde su definición más compacta podríamos sentirnos desafortunadamente identificados: la palabra  empleomanía, en el diccionario castellano, remite a una obsesión, un afán, una codicia que, insisto, pueden llegar a ser desmedidos, dependiendo directamente de la proporción de la burocracia frente al aparato productivo propiamente dicho, lo que puede tomarse como un punto de referencia para clasificar el desarrollo de una determinada región o el grado de autonomía de una sociedad.

Cuando el gobierno es todo, o casi todo, son los criterios políticos los que se imponen por encima de cualquier otro factor, lo que puede conducir a deformaciones propias del sistema imperante, en nuestro caso signo inconfundible de la vieja cultura autoritaria que supone el patrimonialismo del poder público, es decir, la apropiación de las estructuras y los espacios y las funciones gubernamentales por un grupo, clan, partido, estamento o incluso una persona, en detrimento del progreso.

A eso supongo se refiere el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, cuando deja al descubierto la forma desproporcionada con la que se hizo crecer la nómina gubernamental, con puestos definidos a contentillo del gobernador en turno, una aseveración que no requiere aclaración o paréntesis irónico para aludir al sexenio de Miguel Alonso, cuando la nómina se convirtió en la mejor palanca del poder y pretendido seguro para la impunidad.

La empleomanía, sin lugar a dudas, es producto de los compromisos políticos que se adquieren, generalmente, durante las campañas electorales, que obedecen en esencia al pago de favores o como se dice “facturas” y apoyos, pero nunca a la racionalidad o el orden administrativo, al contrario, suelen generar duplicidad de tareas, aglomeraciones burocráticas, obesidad en las dependencias y una notoria lentitud en la realización de cualquier tarea, trámite o procedimiento.

De ese modo, los funcionarios de los distintos niveles no actúan como servidores públicos, sino como clientela del poder, una especie de base de apoyo permanente, pagada con el erario, para cumplir con las ambiciones del gobernador en turno, esto es, una verdadera perversión de la que surgen genuinamente (es ironía) la inoperancia, el amiguismo, el nepotismo y, por supuesto, la corrupción.

En el pasado, lo mismo el conservador Lucas Alamán que el liberal José María Luis Mora, en forma coincidentemente lúcida, señalaron a la empleomanía como algo destinado a limitar la libertad, que degradaba a los ciudadanos frente al poder, al convertirlos en simples divulgadores, serviles, sin opinión propia.

Las plantillas de “aviadores”, el chambismo, la superposición de plazas y la manipulación política de las nóminas gubernamentales,  como medios de cohesión o complicidad, tejidas afanosamente en el ámbito burocrático son, pues, una herencia deleznable a la cual es preciso renunciar, y pronto, de acuerdo con los actuales imperativos, se dice, del gobierno federal; luego entonces, lo que habremos de constatar, muy pronto, es si las autoridades estatales y locales comparten ese criterio por convicción o sólo lo cumplen por una circunstancial obligación.

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Acertijo

Dícese de la urgencia de revalorar la función pública


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