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Ciudad de México.-  La Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, comúnmente
conocida como Ley Helms-Burton, es una norma estadounidense en vigor desde
marzo de 1996. La legislación contempla distintas acciones para fortalecer el
bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno de Estados Unidos ha
mantenido sobre la República de Cuba.

Desde su entrada en vigor, el gobierno estadounidense mantuvo suspendido el
Título III de esta ley, el cual permite a ciudadanos estadounidenses entablar
acciones legales en tribunales de ese país por la explotación comercial de los bienes
que les fueron confiscados por el gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959.

Sin embargo, el pasado 2 de mayo dicho Título entró en vigor por decisión de
Estados Unidos.

Como consecuencia de esta decisión, los ciudadanos estadounidenses podrán
demandar a personas o empresas que operan en bienes confiscados de
conformidad con la ley referida.

Lo anterior significa que cualquier persona, de
cualquier nacionalidad, que realice actividades comerciales o financieras en Cuba
en torno a una propiedad confiscada a un ciudadano estadounidense corre el riesgo
de ser demandado ante tribunales estadounidenses.

Para contrarrestar los efectos extraterritoriales de la Ley Helms-Burton, México
cuenta con la “Ley que Protege el Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras
que Contravengan el Derecho Internacional”, misma que se encuentra en vigor
desde octubre de 1996. Entre otros puntos, dicha ley estipula:

1. La facultad de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de
Economía de brindar asesoría a las personas afectadas.

2. La obligación de los tribunales nacionales de denegar el reconocimiento y
ejecución de sentencias o requerimientos judiciales o laudos arbitrales emitidos con
base en la Ley Helms-Burton.

3. La prohibición a todas las personas (físicas, morales, públicas o privadas) de
proporcionar cualquier información requerida por tribunales o autoridades
extranjeras con base en la Ley Helms-Burton.

4. La facultad de la Secretaría de Relaciones Exteriores para imponer sanciones
pecuniarias en contra de aquellas personas que violen los preceptos de la Ley.

5. La facultad conjunta de la Secretaría de Economía y la Secretaría de
Relaciones Exteriores para emitir criterios generales de interpretación de la Ley que
Protege el Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el
Derecho Internacional.

6. La existencia de una reclamación “espejo” a través de la cual las personas
afectadas por la aplicación de la Ley Helms-Burton podrán demandar ante
tribunales nacionales a aquella persona que los demandó ante cortes
estadounidenses y solicitar como daños y perjuicios la misma cuantía a la que
fueron condenados en Estados Unidos.

El Gobierno de México reitera su rechazo a la aplicación del Título III de la Ley HelmsBurton y refrenda su compromiso de proteger jurídicamente a las empresas
mexicanas que pudieran verse afectadas. Al igual que otros países, México analiza
las instancias legales correspondientes para interponer las acciones por las
violaciones al derecho internacional que la Ley Helms-Burton representa, así como
para proteger los intereses mexicanos en el exterior.

 


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