ALEJANDRO CASTAÑEDA | NTRZACATECAS.COM
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El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) atiende a 190 familias que presentan algún caso de trabajo infantil, para que los niños tengan derecho a una educación y vida digna; mientras que canalizó otros 30 casos a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia por posible explotación infantil.

Amanda Ramírez Bolaños, jefa del Departamento de Atención Preventiva a la Infancia y la Adolescencia, precisó que los casos se turnaron a la procuraduría porque los padres de los menores se reúsan a darles condiciones de vida digna y los someten a explotación.

Mencionó que hay casos en los que los niños no tienen acta de nacimiento, son forzados a vender semillas y chicles, o pedir dinero sin supervisión de un adulto; de esta manera, los privan de sus derechos, como jugar, ir a la escuela y tener una identidad.

Explicó que se habla con los niños para obtener sus datos y después hablar con los tutores, quienes, en muchos casos, los envían a trabajar en la “industria de la lástima”.

Puntualizó que en uno de los casos en revisión el padre no trabaja, tiene problemas de alcoholismo, mientras que la madre sí tiene un trabajo, pero sus cuatro hijos dejaron de estudiar para aportar dinero a la vivienda.

La denuncia de este caso se logró gracias a la escuela donde asistían los menores y, aunque se intervino, no se canalizó, por lo que se turnó a la procuraduría.

Ramírez Bolaños comentó que no se debe confundir trabajo infantil con labores de formación de valores, ya que también hay casos de niños que van a la escuela y por las tardes se dedican a vender algún artículo o prestar algún servicio menor, siempre en compañía de sus padres.

De igual manera, informó que en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Calera de Víctor Rosales es donde se registran más casos de trabajo infantil, principalmente en ventas, mendicidad y como cargadores en centrales de abastos.

En estos casos, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia es la instancia que analiza los casos para hacer una intervención y sancionar a los culpables.


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