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La Cámara de Diputados aprobó esta semana un dictamen para elevar de tres a seis años de prisión la pena a quienes expidan o vendan comprobantes fiscales falsos, pero especialistas consideraron que tal reforma al Código Fiscal de la Federación no reducirá por sí sola los ilícitos, pues éstos han proliferado no por la ausencia de leyes, sino por la falta de su aplicación.

El documento remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales también establece sanción de tres meses a seis años de prisión a quien adquiera los comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Del 2010 al 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó a más de 8 mil empresas que presuntamente cometen algún acto delictivo en esta materia y, según estimaciones de la la Procuraduría de Defensa del Contribuyente que difundió la Cámara de Diputados, la evasión fiscal anual por el uso de facturas falsas de empresas que simulan operaciones financieras asciende a unos 750 mil millones de pesos.

Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho fiscal Adame y Elizondo Abogados, descartó que la medida que ya había pasado por el Senado desde octubre del 2018 vaya a rendir resultados.

«Aumentar las penas no es la solución a esa problemática y cualquier abogado penalista lo puede confirmar.

«En la mayoría de los casos, los estudios muestran que los aumentos de penas no son inhibitorios de una conducta, le pueden poner mil años de prisión o pena perpetua».

Consideró que lo ideal sería que la autoridad fiscal hiciera cumplir la ley, más que añadirle sanciones a la ya existente.

«La ley ya existía y siempre fue prohibitiva de ese tipo de actos, incluso con pena corporal, pero la autoridad nunca hizo cumplir la ley existente».

Gustavo Leal Cueva, socio del despacho contable Leal Benavides y Asociados, coincidió en que la medida vaya a actuar por sí sola como un elemento inhibidor de esos delitos.

«El que le teme a ir a la cárcel no lo hace porque ya sea que le subieron de seis meses a un año (la pena) de prisión, y el que no le tiene miedo lo sigue haciendo porque son delitos en colusión y redes de complicidad que incluso han llegado a nivel Gobierno».

Sostuvo que con la información de los contribuyentes que ahora dispone, el SAT debería atacar este problema mediante la identificación de patrones de este comportamiento ilícito.

«El SAT tiene la infraestructura y los datos necesarios para hacerlo».


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