Alberto Chiu
Alberto Chiu

Ya para cerrar la semana, me llamó poderosamente la atención una nota que
ustede podrá encontrar en la edición de El Diario NTR que tiene en sus manos: en
la sección de municipios, aparece la justificación del presidente municipal de Río
Grande, Julio César Ramírez, para que el propio DIF Municipal (SMDIF) hubiera
puesto un estanquillo de venta de cerveza, durante el conocido y tradicional
carnaval de aquél municipio.

En su explicación, dice el alcalde que no hay ninguna “doble moral”, como ha sido
señalado por ciudadanos de la demarcación; dice que por el contrario, es “una
oportunidad de aprovechar los espacios para obtener recursos”, y que además,
esos recursos se usaron para comprar aparatos ortopédicos y pañales, pero que
apenas los van a entregar. Transparentemente, por supuesto.

A ver. Sin saber exactamente cómo está la legislación vigente al respecto, y sin
pecar de moralino, la verdad es que sí me provoca bastantes interrogantes tanto el
hecho en sí, la decisión de que el sistema municipal DIF venda cerveza en la
búsqueda de un bien mayor, como la endeble justificación del alcalde
riograndense.

Igual podría justificar luego que el mismo SMDIF ponga una venta de algunos
artículos pirotécnicos –no le hace que estén prohibidos–, siempre y cuando la
gente se divierta “sanamente”, y no se le vendan los cohetes a menores de edad.
O en el extremo, qué tal que pongan después un centro de entretenimiento para
adultos, y destine las ganancias a un asilo de ancianos, o a programas de
alimentación de sectores vulnerables, y diga que todo está bien porque no se está
“lastimando a nadie” y los que asistan ahí “se divierten sanamente”.

Más allá de las posibles implicaciones jurídicas que habría, por ejemplo, para el
caso de intentar castigar al SMDIF por venderle una cerveza a un chavo de 17
años, o para el caso de que no cuente con los permisos sanitarios adecuados,
creo que se equivoca de calle el alcalde… y todos aquellos que se involucraron en
semejante contrasentido.

Si la autoridad está para sancionar, vigilar y en su caso castigar el desarrollo de
actividades comerciales de cierto riesgo, como lo es la venta de bebidas
alcohólicas, ¿qué carajos hace metiéndose de empresario justamente en ese
mismo rubro? ¿Se va a sancionar o autoimponer una multa y otro castigo si vende
a menores, o altera una botella, o lo que sea? ¿Se auto-apresará, y se meterá
solito a la cárcel por alguna violación a su propio reglamento?

Creo que el tiro está muy errado. Que el alcalde piensa que el fin (ayudar a
necesitados) justifica los medios (vender alcohol). Y que una autoridad que piensa
así, puede fácilmente caer en cualquier otro tipo de irregularidad… y corrupción.
Que gobierne, no que se meta (ni él, ni el SMDIF, ni ninguna otra área del
Ayuntamiento) de empresario, y mucho menos de empresario de un giro tan
riesgoso como éste, cuya expansión reciente nos ha dejado como resultado el que
las muertes en accidentes derivados del consumo de alcohol sean la gran mayoría
de los que ocurren. Qué inconciencia.


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