Alberto Chiu
Alberto Chiu

Quizás el hecho de que hasta el momento existan 80 carpetas de investigación en la Secretaría de la
Función Pública estatal, en las que se señala a diversos funcionarios públicos por delitos como
“posibles faltas a las funciones del cargo, disciplina, respeto, abuso y conflicto de interés”, entre otros,
no signifique que sean “muchos” casos para una entidad como la nuestra.
Digo, tampoco son tan poquitos como para estar tan tranquilos pensando que en las instituciones
públicas de nuestro gobierno la gran mayoría se maneja en torno a la ley y apegados a derecho.
Dándoles el beneficio de la duda, quisiera pensar que la mayoría de las irregularidades y posibles
violaciones a la ley detectadas por la SFP –a través de los órganos internos de control en cada
dependencia, claro– no han sido cometidas con dolo, sino tal vez son fruto de errores administrativos
por desconocimiento o descuido. Insisto, quisiera pensar bien.
Pero eso lo tendrá que dictaminar también la secretaria Paula Rey Ortiz Medina, quien tiene en sus
manos (hasta ahora, repito) esas 80 carpetas de investigación, en las que se dará la oportunidad a los
señalados ahí de que desahoguen todas las pruebas que se consideren necesarias para comprobar que
no hubo corrupción.
Ahora bien, si a final de cuentas nos encontramos con que así fue, y que no hubo dolo alguno, entonces
mi preocupación cambia de rumbo y me pregunto nuevamente (como desde hace ya rato), ¿cómo es
pues posible que tengamos funcionarios y servidores públicos que cometen esa clase de errores, que
conllevan por supuesto daños al erario y afectaciones a la ciudadanía?
Lamentablemente, una parte de la respuesta a esa cuestión pasa por la afirmación que en más de una
ocasión he escuchado en la calle, en los cafés, en las pláticas de sobremesa incluso con empleados de
gobierno con carrera en el servicio público: la bronca es que hay muchos “nuevos” (o recientes)
funcionarios emanados de contrataciones amañadas, fruto de los amiguismos y compadrazgos de los que
medio mundo sabe y todos se callan.
Esa clase de colocaciones que ha sufrido prácticamente cualquier instancia pública sale bastante cara a
los ciudadanos, precisamente por el desconocimiento que muchos de ellos tienen sobre los puestos que

les son confiados. Pero como son “pagos de factura”, ya sea por compromisos partidistas, o como
recompensa por “servicios electorales”, pues ya nos fregamos.
En este nuevo espíritu de “transparencia”, de “honestidad valiente” que presumen a diestra y siniestra
nuestros gobernantes, ¿no estaría bien que también transparentaran todas las contrataciones de
servidores públicos? ¿sería bueno que valientemente nos comprobaran que tal o cual persona
contratada es la idónea para tal o cual puesto?
Al menos ya con esa certeza, pienso, podremos darnos cuenta más fácil de que no hubo posibilidad de
errores… y entonces sí percatarnos de quién y cómo se aprovechó del puesto para volverse corrupto (o
simplemente confirmar lo que ya sabía hacer desde antes).


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