Alberto Chiu
Alberto Chiu

A nadie se le ocurriría llamar públicamente –mucho menos si se ostenta un cargo de alta responsabilidad pública, como el de gobernador–, a que no se aplique la ley cuando hay delito qué perseguir. Sería un contrasentido per se, y una contraindicación política de funestas consecuencias para el susodicho.

Por eso las más recientes declaraciones del gobernador Alejandro Tello, en el sentido de que las denuncias enderezadas contra quien le antecedió en el cargo, el ex gobernador Miguel Alonso Reyes –y contra cualquiera otro ex funcionario o funcionario en funciones–, deben seguir su curso y la Fiscalía General de Justicia, en su plena autonomía, debe llegar a una resolución que le dé a la sociedad zacatecana al menos un saborcito de justicia.

Pero es que, además, no queda de otra. Se supone que como sociedad, nos hemos organizado de tal manera que contamos con un marco de leyes que rigen los actuares individuales y colectivos, así como con una estructura institucional que se encarga precisamente de que esas normas vigentes se vuelvan positivas. Es decir, que no nomás estén en el papel, sino que se cumplan con todo y sus sanciones y castigos.

No queda de otra, si es que como sociedad pretendemos dejar atrás cualquier atadura que nos haga similares a un hato de ovejas sujetos a los designios de alguna clase de dictadura o tiranía. Esas leyes que han sido aprobadas para su aplicación en nuestra vida diaria –la pública y la privada, seamos o no funcionarios o servidores públicos–, se supone están hechas para el bienestar y mejoría de esta sociedad.

Cierto, no son perfectas sino perfectibles; no están acabadas, sino antes bien pueden ir modificándose en torno a la propia modificación de nuestras sociedades; no están “grabadas en piedra” y, tal como lo han demostrado los legisladores, pueden cambiarse cada que sea necesario, siempre con el espíritu del bien común.

No nos queda de otra que cumplir, pues, con las leyes, a riesgo de que si no lo hacemos, se abren huecos enormes en lo que podríamos considerar “lo justo”, o hasta “lo bueno”, y en esos huecos se suelen colar toda una pléyade de aprovechados, arribistas, convenencieros, corruptos de cualquier calaña, con el único objetivo de beneficiarse particularmente, anteponiendo los intereses personales a los generales.

En ese sentido estrictamente teórico, me causa mucho resquemor (como decimos en el rancho) de que haya declaraciones como algunas del presidente López Obrador, que pretende que de cierta fecha para atrás, nos olvidemos del cumplimiento de las leyes; o de la “suavización” de las mismas porque hemos llegado a una “época” del amor y la paz, de los abrazos y no balazos, del no juzgar lo evidente.

Que se lleven a cabo las investigaciones necesarias; que se dilucide la verdad; que se sancione de acuerdo a la ley y, de ser posible, se retribuya a la sociedad por el daño que le ha sido causado. No nos queda de otra, a menos que queramos que las leyes valgan menos aún de lo que valen ahora.


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