Enrique Laviada
Enrique Laviada

Sigue el revuelo causado por las declaraciones del fiscal del estado, Francisco Murillo, acerca de los expedientes de investigación abiertos en contra del ex gobernador Miguel Alonso, algunos de sus familiares y colaboradores de aquel inolvidable sexenio.

Con las reservas del caso, aún de manera lenta, sale a la luz el cúmulo de irregularidades y atentados en contra del erario público, cometidos por esa especie de liga de la indecencia, sucede lo que siempre dijimos sería inevitable.

Se sabe de cierto que la fiscalía tiene en la mira, entre los primeros aludidos, al tal Fernando Soto, quien ya fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública, inhabilitado para ocupar cargo público alguno por veinte años, lo que sabíamos le pondría muy cerca de la orden de aprehensión, en la medida en la que su caso, directamente, pasara al ámbito de lo penal.

Muy pronto veremos cómo desaparece la campante manera con la que el ex funcionario se ha burlado de la justicia, para dar cuentas ante los tribunales acerca de su conducta y, seguro, intentará repartir las respectivas culpas entre sus colegas.

Hay más.

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En el equipo del actual gobernador, Alejandro Tello, siguen, también, las reacciones (no es ironía) acerca del caso Alonso, sin mucha lógica, por cierto.

La parte más errática corre a cargo, otra vez, de Jehú Eduí Salas, todavía en funciones de secretario general de Gobierno, quien confunde la aplicación de la justicia con un ambiente de confrontación, “alimentando el odio, el rencor y la división entre los mexicanos” (eso dijo), para sacar de la escena al gobernador, contraponiéndolo al fiscal Murillo, es decir, intentando aquello que está debidamente contraindicado.

Se habla, quizá por eso, de su inminente reemplazo, a unos cuantos días de su nombramiento, lo que parecería necesario antes de que cometa más pifias y se convierta en parte del problema y no de la solución, en éste y otros muchos asuntos que se encuentran, peligrosamente, en sus inexpertas manos.

No debe sorprender que, en efecto, Tello prefiera el momentáneo ridículo de poner y quitar con tanta rapidez al principal funcionario de su gabinete, con tal de que el destrozo no se extienda y sea complicado realizar el control de daños.

Hay más.

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Del paradero de Miguel Alonso se sabe poco, hay quien asegura que, incluso, podría encontrarse fuera del país, tal vez en Canadá, ya sin cargo público, pero con la suficiente holgura económica que produjo haberlos tenido.

En lo que se refiere a los familiares y colaboradores aludidos en los expedientes que obran en poder de Murillo, existen acaso algunas referencias a su vida actual, publicadas por ellos mismos en redes sociales, en las que se les puede observar tranquilos y muy quitados de la pena.

Todo eso tal vez sean apariencias, lo cierto es que pronto las autoridades encargadas del caso tendrán que proceder a citarlos o a detenerlos o lo que resulte conducente, todo menos congelar los expedientes, a menos que doña Impunidad reine nuevamente.

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Acertijo

Esconderse no es opción.


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