Alberto Chiu
Alberto Chiu

Con toda diligencia, el auditor superior del estado Raúl Brito Berúmen ya envió a la Legislatura la friolera de 116 informes en los que se constata que los 58 ayuntamientos, 25 dependencias del gobierno estatal y 33 organismos operadores de agua, incurrieron en muchas y muy variadas irregularidades en los manejos de sus cuentas públicas del año 2017. Irregularidades que, ciertamente, suponen daños a la sociedad zacatecana debido al mal manejo de los recursos que son suyos.

Ya será responsabilidad de la actual Legislatura ver qué hacen con estos informes de irregularidades cometidas por servidores públicos, y determinar –si es que hay– las sanciones pertinentes en cada caso.

Quizás en algunos se llegue a las mismas medidas impuestas al ex alcalde de Trancoso, Ricardo de la Rosa Trejo, hoy privado de la libertad en la cárcel mientras se desarrolla su proceso penal. Quizás en otros, gracias a la solventación de las observaciones hechas, se llegue a un simple apercibimiento, un manazo y una reprimenda para que “no lo vuelva a hacer, funcionario malo, malo”.

Sin embargo, el simple hecho de que se estén detectando tantas irregularidades deja abierta la suspicacia, la sospecha, la duda para pensar: ¿en serio los funcionarios señalados cometieron esas irregularidades porque no sabían lo que debían hacer y fueron omisos… o fue porque a sabiendas intentaron torcer la ley para beneficiar a alguien o beneficiarse ellos?

Me pregunto si las indagatorias enderezadas sobre estos presuntos servidores públicos fueron derivadas del desconocimiento de la ley, y si es así, me preocupa que a esos puestos estén llegando personas que no cuentan pues con los conocimientos, la preparación práctica o la experiencia necesarias para llevar a cabo la función que les es encargada, emanada directa o indirectamente de un mandato popular.

Y me pregunto si entonces sería posible o por lo menos considerable el establecer una serie de requisitos mínimos para el desempeño de la función pública, particularizando capacidades y experiencias para cada puesto, por lo menos para tratar de contener las cochinas tentaciones de quienes ostentan el poder para “colocar” en esas plazas a amigos, parientes, conocidos o “compromisos de campaña”.

Ahora bien, si por el contrario no se trata de omisiones o errores por ignorancia, sino cometidos con dolo a fin de buscar beneficio propio o para otras personas, pues estamos entonces ante casos indudables de corrupción que deben sopesarse y castigarse también con todo el rigor de la ley.

Como quiera que sea, ojalá estos casos de irregularidades, además de la sanción correspondiente, sirvan en un futuro para profesionalizar el servicio público, y al mismo tiempo para que los funcionarios que son electos tengan mucho más cuidado sobre a quién convocan para ocupar un cargo en sus equipos de trabajo. No es mucho pedir, ¿o sí?


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