Alberto Chiu
Alberto Chiu

Ya entrada la noche de ayer, el gobierno del estado informó mediante un boletín que el gobernador Alejandro Tello había conseguido, en la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, “arrancarle” otros 32 millones de pesos a la federación, destinados a la seguridad pública de la entidad. Buena noticia.

Los recursos, que llegarían a través del llamado Fondo de Aportaciones a Seguridad Pública (FASP), no son para que los use al libre albedrío con discrecionalidad, sino que tienen objetivos muy específicos, que el propio mandatario detalló: “profesionalización policial, fortalecimiento tecnológico en cuestión de bases de datos e intercambio y el servicio médico forense para mejorar las técnicas de identificación.

“Además, fortalecimiento del Sistema Penitenciario, del Registro Público Vehicular y la identificación de vehículos con reporte de robo o participación en hechos delictivos, mientras que un 5 por ciento del total se destinará a temas de prevención del delito, entre otros”.

No me queda claro si se logrará, por ejemplo, echar mano de algo de ello para la construcción de la Unidad Regional de Seguridad en Fresnillo, ésa de la que se lamentaba el secretario de seguridad Ismael Camberos que no tendría dinero para hacerla. Ojalá.

En fin, que con todo y que es una buena noticia, persisten aún muchas dudas sobre qué tan efectiva será la inyección de estos recursos adicionales a la seguridad pública, sobre todo en medio de las crecientes suspicacias, sospechas y señalamientos de que las propias corporaciones policiacas son objeto, por hechos como el ocurrido hace apenas unos días, cuando policías estatales nuestros fueron presuntamente detenidos por sus homólogos de Durango.

De ese hecho, aquí el secretario Camberos dijo que nos los habían regresado (a los policías) con sus armas, pero sin cartuchos ni radios Matra. Las autoridades de Durango, por el contrario, aseguraron que los regresaron “completos”. ¿Dónde están pues los cartuchos y radios que aquí no traían? ¿Quién los tiene? ¿Nos van a decir que entonces quienes los detuvieron no eran policías de verdad, sino “clonados”?

¿Y qué decir de las crecientes cantidades de denuncias de hechos, acusaciones civiles, quejas ante Derechos Humanos y un sinfín de historias “tenebrosas” que tienen como protagonistas a elementos policiacos? ¿Con ese recurso extra nos garantizará el gobernador que se acabarán los hechos delictivos presuntamente cometidos por quienes se supone son los que deben cuidarnos, protegernos y prevenir el delito?

Si nos atenemos al sentido común, me parece que lo primero es hacer la revisión integral de las corporaciones (sí, esa revisión tan prometida y tan poco cumplimentada), purgar la institución de elementos “riesgosos”… y ya después inviertan lo que quieran en cámaras, equipamiento o vehículos. Mientras haya efectivos de dudosa conducta, de nada servirá ni todo el dinero del mundo para abatir las malas prácticas policiales.


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