Alberto Chiu
Alberto Chiu

Bastantes comentario ha causado, en estos días, la reedición del ya conocido reclamo del gremio de taxistas en Zacatecas, que exigen enérgicamente, con toma y bloqueo de vialidades incluidas, la “regulación” del servicio de los autos contratados por la plataforma de internet UBER. Reedición porque no es la primera vez que lo hacen, ya el año pasado nos la habían recetado.

Por curioso que parezca, la vocería institucional de la plataforma UBER ya contestó que, desde la manifestación del año pasado, ellos ya estaban dispuestos a dialogar, negociar, acordar, concertar e incluso participar en el proceso legislativo para “regular” su servicio. Es decir, para cumplir con la normatividad que imponga, en todo caso la Legislatura. Si hay que pagar un tarjetón, si hay que hacer un padrón, si hay que portar cierto distintivo… de todo, dicen estar dispuestos a platicar. Pero nunca los llamaron.

Quiero entender, con esa respuesta, que la anterior legislatura prefirió no meterse en camisa de once varas y, discretamente, metió a la congeladora cualquier iniciativa o propuesta de regulación de UBER en la entidad. Quizás por intereses particulares de algún o algunos diputados, quizás movidos por el miedo a las canijas represalias del gremio de taxistas, quizás porque recibieron línea “desde arriba” de que al asunto no le movieran… vaya usted a saber.

Pero tampoco le movieron en la subsecretaría de Transporte Público, que más bien ya estaba metida en los bretes de las concesiones regulares o irregulares (y sigue ahí, metida), y en el escándalo que enfrenta de que haya prestadores de servicio de taxi que, con todo y las revisiones y supervisiones y capacitaciones que les da, pues han resultado involucrados en diversos actos delictivos no menores. Ni pa’ qué meterse, ¿verdad?.

El hecho es que resurge la “exigencia” de regular UBER, y me parece que lo que debe regularse es TODO el servicio de autos que se alquilan. Tanto los de las plataformas digitales (por ahí vienen Cabify, Avant, o incluso Taxi Amigo, conste) como, por supuesto, el servicio de los taxis actuales que, a decir de muchos usuarios, deja todavía mucho qué desear.

Pero que no se regule para eliminar a alguno de ellos, sino para propiciar una verdadera y sana competencia, donde el primer beneficiario sea el usuario y, en consecuencia, quien le dé mejor servicio, de calidad, limpio, disponible, eficiente, a precio justo y, sobre todo, seguro, que quizá en este momento sea el valor más buscado por quienes requieren trasladarse en un vehículo de alquiler.

Ahora habrá que verse si, en realidad, esta administración estatal, y la presente Legislatura, están de veras dispuestos a aventarse ese trompo a la uña, definir una política pública estatal de sana competencia, legislar a favor de la sociedad y no sólo de grupos económicos, que de sobra se sabe actúan como mafia. Si se suben a ese carro, ojalá no lo desbarranquen.


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