Jenny González Arenas
Jenny González Arenas

En el sexenio del lenguaje coloquial que, disque para que la gente entienda, en la sabiduría popular encontramos un refrán que dice que: “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”, lo anterior por el tema de la Guardia Nacional.

Durante los 12 años que duró la campaña de Andrés Manuel López Obrador se dedicó a recorrer el país y criticar severamente la estrategia de la presidencia en turno en relación a la presencia del Ejército en las calles, crítica que muchos aplaudimos en su momento, con los bemoles que genera un discurso provocador y cargado de subjetividad, pero fue uno de los elementos del discurso que llevó a muchas personas a votar por AMLO para la presidencia.

Ahora, ya no como candidato, sino como Presidente, la estrategia y el discurso han cambiado radicalmente, a grado tal de proponer que siga el Ejército en la calle, bajo una figura de Guardia Nacional, con un mando civil, pero con entrenamiento militar.

Muchas preguntas nacen en torno a esta nueva propuesta que, dicho sea de paso, sorprendió a muchos ciudadanos a quienes nos prometieron que este sería el sexenio del respeto a los derechos humanos.

Entre los muchos cuestionamientos que han salido a la luz desde que se comenzó a discutir la creación de la Guardia Nacional, hay unos puntos medulares que no podemos perder de vista, más allá de las contradicciones en el discurso –del AMLO candidato y el AMLO presidente– en las implicaciones o consecuencias que pudiera tener.

Para poder profundizar un poco en esas preocupaciones es necesario traer a la memoria el Caso Radilla Pacheco, que fue un importante parteaguas, jurídicamente hablando, en materia de derechos humanos en nuestro país, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado Mexicano a reparar las terribles violaciones ocurridas a manos del Ejército en contra de civiles durante la guerra sucia, en particular al señor Rosendo Radilla, así como las sentencias Fernández Ortega y Rosendo Cantú, en las que también la Corte Interamericana condenó al Estado Mexicano por la delimitación del fuero militar.

La Guardia Nacional, analizada bajo esos antecedentes tan importantes constituiría, no sólo un incumplimiento a las promesas de campaña, que puede ser lo que menos le importa a la ahora clase política en el poder, sino que constituye un retroceso en materia de derechos humanos porque violentaría gravemente los postulados y principios que en esas sentencias se vuelven de obligatorio cumplimiento para nuestro país, por mencionar algunos, el de la correcta delimitación del fuero militar frente al fuero civil, o del plazo razonable para la investigación de violaciones a derechos humanos, así como el principio de progresividad plasmado en nuestra Constitución a partir de la reforma de junio de 2011.

El argumento del Presidente es que la gente en las giras le pidió que no regresara al Ejército a los cuarteles, pero mientras él contemplaba la posibilidad de dejar al Ejército en la calle siendo candidato, seguía pronunciando un discurso en contra de la permanencia del Ejército en la guerra contra el narcotráfico, no podemos olvidar sus mensajes en contra de la Ley de Seguridad Interior, por ejemplo.

Por otro lado, la democracia no significa que le tengo que preguntar al pueblo su opinión por cada decisión que va a asumir, al contrario, el pueblo, a través del voto ha considerado que es capaz de tomar esas decisiones, no puede basar la implementación de una política pública en materia de seguridad que afectará a toda una nación sólo por la voces de unas cuantas personas que, durante la campaña, pudieron acercarse a plantearle su opinión.

La esfera jurídica no puede estar aislada de la económica, o la social o la política, pero no podemos permitir que las leyes se cambien al antojo de una minoría cuando se contravienen compromisos internacionales previamente adquiridos, sentencias condenatorias que son de carácter obligatorio.

 


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