*Pedro de León Mojarro
*Pedro de León Mojarro

La aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos aprobada el pasado trece de septiembre, desato una polémica que amenaza confrontación entre los poderes del estado. De bien a bien no sabemos quién en contra de quién.

Este hecho, es resultado de una iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto del 2009; de manera que no hay nada nuevo sobre los salarios, en todo caso lo único nuevo es que los ministros de la corte “no estaban enterados”.

Los aspectos más relevantes de esta iniciativa según lo narra Raymundo Cárdenas Hernández, consisten en que se establece que “en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se deberán contemplar los tabuladores de sueldos de los servidores públicos”.

La iniciativa también establece que “ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Del 2009 a la fecha no hubo reclamo alguno de la Corte, de los partidos, los diputados, senadores, órganos autónomos; nadie dijo nada porque la ley no se aplicó. Como sucede en nuestro país en varios casos se aprueban leyes para no cumplirlas y en el mejor de los casos violarlas.

Es hasta ahora en el gobierno de López Obrador, con la decisión de que ahora si va en serio, cuando varios actores han puesto “el grito en el cielo” por la amenaza real de ajustar salarios y tabuladores bajo la premisa de ley aprobada en agosto del 2009.

Lo relevante de este debate es la decisión de la Corte de no acatarla, argumentando intromisión de un poder sobre otro.

Evidentemente sin el ánimo de desacreditar al poder judicial, los magistrados no tienen autoridad moral para oponerse a una medida de austeridad que perjudica los salarios de “la casta dorada” en la que ellos se encuentran, dentro del 5 por ciento de la población mayormente beneficiada  de la renta nacional.

Los magistrados “designados por traficantes de influencias del viejo régimen”, según lo expresa el presidente López Obrador, incumpliendo con su función fueron omisos en beneficio propio ante un mandato de ley que desde el 2009 estableció que ningún servidor público podía recibir una remuneración mayor al del presidente de la República.

Basta echar un vistazo al enorme desequilibrio social en el que cohabitan ese 5 por ciento de los mayormente beneficiados, que hoy se disputan los salarios y las prestaciones “de ley” contra un 40 por ciento o más de mexicanos (campesinos, jóvenes, amas de casa, y un largo etcétera) que en el mejor de los casos cuentan con el beneficio de algún programa social, pero no tienen salario, seguridad social, y menos la posibilidad de una jubilación. Pongámonos en sus zapatos para ver si tenemos calidad moral y política frente a las carencias de esa franja de mexicanos.

Al respecto dice el director general del grupo Citibanamex, “ …hay mucha gente que sigue viviendo en la pobreza y tenemos muy altos niveles de concentración del ingreso lo cual nos hace un sociedad muy desigual y casi inevitablemente polarizada”.

Para agravar la situación tenemos un problema histórico de incapacidad institucional para aplicar y mantener la vigencia del estado de derecho, lo cual se refleja en las enormes debilidades de nuestro sistema de impartición de justicia y en un alto grado de impunidad”.

¿Así o más claro magistrados y jueces de la nación?

 

*Coordinador estatal del movimiento nacional Ruta 5

Facebook: Pedro de León Mojarro

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Sitio Web: www.pedrodeleon.mx

 


Nuestros lectores comentan

  1. Guillermo Espinosa

    Don Pedro, ¿cómo se le debe aplicar el tope de los 108 mil pesos mensuales de ingreso a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero?