Rafael Calzada Vázquez
Rafael Calzada Vázquez

En estos días, hemos leído y escuchado un sinnúmero de opiniones, fundadas algunas, ocurrencias las más, al respecto de tres grandes temas: la independencia del Poder Judicial, la corrupción en el Poder Judicial y los salarios de los miembros del Poder Judicial.

De inicio señalo que a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se les denomina ministros; a los titulares de los tribunales colegiados y unitarios de circuito, magistrados y a los titulares de los juzgados del poder judicial de la federación se les conoce como jueces de Distrito, algunos de estos órganos son especializados en alguna materia y los otros mixtos.  Todos ellos integran el Poder Judicial de la Federación. Y su función principal es la de impartir justicia, y garantizar nuestros derechos humanos. La Corte, además, resuelve en los mecanismos jurisdiccionales de control de constitucionalidad y de convencionalidad (cuando se refiere a los tratados internacionales que otorgan derechos y que han sido ratificados por el senado como lo es el Pacto de San José)

Es también necesario hacer algunas otras precisiones para abonar en este debate: En claro seguimiento y bajo la influencia de los Estados Unidos, con los planteamientos emergidos de la revolución francesa y con el antecedente de la instrumentación en el país del norte, en la búsqueda de evitar la concentración de poderes, para que existan equilibrios en nuestro país nos regimos por un régimen republicano con división de Poderes.

Y aunque el Artículo 80 señala como supremo al Poder Ejecutivo,  también el Artículo 49 señala que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, dándoles la jerarquía de iguales.

Como atribución de la Suprema Corte señalamos conocer y resolver sobre los medios de control constitucional y entre ellos el que ahora atrae la atención de los usuarios de las redes: el interpuesto para defender los salarios de ministros, magistrados y jueces.

Alexander Hamilton, en El Federalista escribió una defensa poética de la supremacía constitucional:

La interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia de los tribunales. Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia, debe preferirse, como es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez superiores; en otras palabras, debe prefe­rirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios. Esta conclusión no supone de ningún modo la superioridad del Poder Judicial sobre el Legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos.

En la constitución no se prevé la suspensión provisional de los actos que se reclaman mediante este mecanismo de control constitucional y de equilibrio entre los poderes.  Tampoco en la ley reglamentaria. Pero la Corte concedió la suspensión a los efectos de la ley, a través del ministro que conoce del caso inconstitucionalidad que se interpuso para defender los salarios de los miembros del poder judicial de la federación (donde los que van a resolver a la vez son parte) y  de lo que por tanto debieran declinar competencia, por inhibitoria.

La independencia no está en juego. No se les juzga por corrupción.  Los salarios de los altos funcionarios sí son desproporcionados.

Es el poder menos corrompido, con todas las excepciones mencionables, y el más profesionalizado. Donde se labora hasta 20 horas diarias.


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