Rafael Calzada Vázquez
Rafael Calzada Vázquez

Hay en el pueblo un sentimiento de hastío, recelo e insatisfacción en los propósitos de alcanzar la justicia.

Esa justicia de la calle, la que buscamos cuando algún vecino ambicioso nos invade nuestro terreno, contra el chofer descuidado que nos colisionó nuestro vehículo, la que buscamos cuando alguien se niega a pagar sus adeudos o, peor, comete, engaño o maquinación para hacerse de bienes de forma ilegítima, abusa de nuestra confianza o de plano nos roba.

En la reciente visita del ahora subsecretario de gobernación e indiscutiblemente personaje cercanísimo al presidente, Alejandro Encinas, a Zacatecas, éste su diario preferido NTR Zacatecas, dio cuenta de una declaración que resulta alarmante: “aseguró que la impunidad, ineficiencia y corrupción, son denominadores que no dejan avanzar ni dar resolución a las carpetas de investigación referentes a feminicidio y de personas desaparecidas.”

Si se refiere a los procesos penales, y en especial a las carpetas de investigación, evidentemente está hablando del Ministerio Público, de la Fiscalía del Estado.

Los datos estadísticos señalan que más del 95 por ciento de los actos u omisiones que sancionan las leyes penales (no sólo el código penal) se quedan sin ser sometidos a proceso y del cinco por ciento que llega a juicio grosso modo, solo el 30 por ciento obtendría una sanción privativa de libertad. En suma una o dos personas de cada cien que delinquen pagan su crimen.

La eficacia en materia de administración es la capacidad de cumplir los objetivos planteados, y la eficiencia, realizarlos al menor costo y en menor tiempo.

El Subsecretario habló de la Fiscalía en términos de ineficiencia. Eso significa que los objetivos que se logran son a un costo mayor del debido y en un tiempo mayor al debido.  La sabiduría popular dice que “Cuando la justicia llega, se tarda y deja de ser justa”

El otro adjetivo usado para describir la Fiscalía que usó el Sr. Encinas,  fue el de la corrupción. Y bueno el término aplica lo mismo para quien se apropia de bienes públicos, o evita pagar impuestos o se beneficia de algún modo del poder público, tanto como aplica para el que ejerce un cargo sin la capacidad para ello. Por falta del perfil profesional, por haber conflicto de intereses o hasta por falta de vocación.

Los habitantes notamos, sin embargo, una tardanza en la resolución de los hechos posiblemente constitutivos de delito que se denuncian, que cuando son tantos y se acumulan en los escritorios y archiveros los nuevos, sobre los viejos, y se añejan unos  y otros se convierten en un lastre para el titular del Ministerio Público o de la Fiscalía.  Se vuelven rezago.  Y luego para abatirlo no alcanzan ni los elementos humanos, ni los recursos materiales y financieros, ya que lo actual y urgente desplaza el interés de lo que se está investigando.

Los abogados postulantes percibimos otras graves fallas en las que incurre esa institución a la que conocemos como MINISTERIO PÚBLICO. Esa que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal y facultad de acusar. Cuando que el nombre correcto es fiscalía, oficina, secretaría, dependencia o dirección de procuración de justicia penal. Ya que desde hace mucho los titulares de los órganos de gobierno dejaron de llamarse ministros y sus dependencias no son ministerios.

Las otras fallas son la limitación presupuestal, tema que amerita una columna aparte, la falta de actualización académica de sus integrantes y hasta el trato amable y respetuoso de quienes ahí laboran para con sus usuarios, a los que en muchas ocasiones no dejan hablar o no reciben escritos.

 


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