Alberto Chiu
Alberto Chiu

Resulta por demás interesante ver, aunque sea sólo desde los medios, las implicaciones y consecuencias que ha tenido el terrible caso del asesinato de la pequeña Lisa María, en Sombrerete, en días pasados. Y toma mucha más importancia en cuanto a la actuación de las autoridades, cuando un caso previo se liga precisamente por otra resolución de la misma autoridad.

Hoy encontramos en las páginas de El Diario NTR el reclamo –desgarrador, no se puede negar– de la madre de la joven Litzi Sarahí, a la postre asesinada a finales del pasado mes de julio, y cuyo hijo Samuel, de apenas meses de edad, fuera entregado en custodia a la familia paterna, a pesar de que con anterioridad no hubiera relación ni contacto, tal como señala la madre de la joven a quien arrebataron la vida.

Básicamente, el reclamo de la madre de Litzi Sarahí tiene sentido cuando dice que la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, a cargo de David Manuel Pérez Navarrete, tomó una decisión equivocada al entregar a Samuel a su familia paterna… tal como tomaron otra mala (pésima) decisión al entregar a Lisa María en manos de su tío, quien finalmente acabó matándola y abusando de ella.

Mientras tanto, también en el Congreso del Estado se elevaron voces que exigen, unas, la destitución de Pérez Navarrete, y otras, al menos una investigación exhaustiva de los perfiles de quienes desempeñan esos cargos, así como de las metodologías y acciones que llevan a cabo para garantizar y preservar la integridad de los menores que, se supone, debería tutelar especialmente.

Como quiera que sea, y no sólo por parte de los familiares o de la representación popular, yo estoy seguro que una buena parte de la sociedad está también preguntándose lo mismo respecto de esa procuraduría y sus integrantes: ¿están de verdad calificados para hacer ese trabajo? ¿de veras les interesará el bienestar de los menores y las familias que dicen proteger?

Hay que preguntarnos, sí, quién evalúa los perfiles de quienes se supone desempeñan esos cargos a favor de los derechos familiares e individuales, sobre todo de los menores, y quién se encarga de verificar que estén haciendo bien su labor. Cuál es la instancia que evalúa y audita sus procedimientos, y qué clase de filtros existen para evitar que alguien “no idóneo” tenga semejante tajada de poder y de facultades.

A como están las cosas, me parece que todas las instancias que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, con el desarrollo de las personas que han sufrido alguna vejación, deben tener también a su vez un esquema de revisión de sus integrantes, pues es de muchos sabido que precisamente con las personas vulneradas, es probable que un servidor público pudiera llegar a corromperse y abusar de aquellas.

Sí, me parece que es momento de que todo el sistema se ponga bajo la lupa, así como la sociedad misma, si queremos evitar que sigan ocurriendo estas desgracias.


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