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México.- Luego de que el Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, reiteró que es posible crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, la representación de los padres llamó a la Suprema Corte a respaldar la sentencia.

“Para nosotros sería muy peligroso que la Suprema Corte intente abrir el contenido de la sentencia, es decir la orden de crear la comisión”, comentó Luis Tapia, coordinador del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

“Cambiar eso implicaría ingresar en la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, no arroparía a un tribunal cuyas sentencias son irrevocables.

“Eso sería un gesto político peligroso, donde el Poder Judicial estaría dispuesto a mancharse las manos con la Administración actual, en el caso que lo ha marcado”.

El abogado, que estuvo presente en sesión del Tribunal Colegiado en Reynosa, destacó que los magistrados invocaron convenios internacionales, mientras que el Tribunal Unitario que dio la razón a PGR sobre la imposibilidad de crear la Comisión, no lo hizo.

“Lo dijeron en la sesión: mientras el Tribunal Unitario aplicó únicamente el Artículo 21 de la Constitución, la Ley Orgánica de la PGR y el Código Federal de Procedimientos Penales, el Tribunal Colegiado acudió a todo el elenco de normas de derecho internacional que tiene disponible para darle contenido a su sentencia, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia nacional”, indicó.

“Vemos una vez más al Poder Judicial constituyéndose como un contrapeso del Poder Ejecutivo, frente su falta de voluntad para esclarecer los hechos de Iguala”.

Tapia explicó que los magistrados consideraron que la Comisión de la Verdad no invade la competencia del Ministerio Público para investigar delitos, pues la sentencia establece que se investigarán hechos y cada quien los calificará en el ámbito de sus competencias.

“Es decir, se van a investigar hechos, y la CNDH les va a poner ‘graves violaciones a derechos humanos’ o ‘violaciones a derechos humanos’, y la PGR les va a poner que son un delito, y eso no implica invadir ninguna facultad.

“Cada uno estará dentro de lo que le toca, de acuerdo a la Constitución: la CNDH según el 102 constitucional, las víctimas de acuerdo al Artículo 20 de la Constitución y el MP según el artículo 21, cada quien caminando por donde le toca, pero juntos”.


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