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México.- Diputados de Movimiento Ciudadano (MC) propusieron revertir la Ley General de Comunicación Social también conocida como «Ley Chayote», que permite el uso discrecional de recursos públicos para el pago de publicidad oficial.

Martha Zamudio, diputada del grupo parlamentario de MC, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que abroga la Ley General de Comunicación Social y expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, con el objetivo de regular la contratación y asignación de publicidad.

A través de la iniciativa de MC se propone fijar un tope máximo anual a los gastos en publicidad oficial, que sea equivalente al 0.15 por ciento del presupuesto asignado al ente público.

Propone también prohibir la emisión de propaganda durante los procesos electorales y la propaganda personalizada a propósito de los informes de actividades de los servidores públicos.

Otro punto es eliminar las reasignaciones y ampliaciones presupuestales a las partidas de comunicación social y publicidad gubernamental.

Pidieron también crear un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, precisando que los medios cuyo registro no figure en dicho instrumento, no podrán ser contratados.

Además, se propone la creación de un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, integrado por un Comisionado representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y cuatro representantes de ciudadanos con experiencia en el sector de comunicación social.

La opacidad y el derroche, expresó Martha Zamudio, caracterizaron en los últimos años el gasto en publicidad oficial.

«El gobierno saliente se caracterizó por el derroche y la opacidad, al destinar 37 mil millones de pesos para publicidad tan solo entre 2013 y 2016. Un presupuesto que excede lo aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egreso de la Federación», indicó.

«Particularmente en el rubro de publicidad gubernamental, en el periodo comprendido entre 2013 y 2016, se tuvo un sobreejercicio de 15 mil millones de pesos, pasando de 21 mil 099 millones de pesos a 36 mil 261 millones, lo que equivale a un 71.86 por ciento más de lo presupuestado».

Apenas el pasado 11 de mayo se publicó la Ley General de Comunicación Social en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no obstante, esta legislación fue criticada por organizaciones de la sociedad civil quienes advirtieron que permite el uso discrecional de recursos públicos para el pago de publicidad oficial y fue nombrada como «Ley Chayote».

En opinión de Martha Zamudio, la Ley aprobada no contribuye a detener el despilfarro de recursos públicos ni la opacidad.

Asimismo, carece de mecanismos para controlar el gasto y fijar topes a las erogaciones en publicidad gubernamental.


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