Ricardo Monreal Ávila
Ricardo Monreal Ávila

A Leonardo Díaz Flores, simpatizante de Morena asesinado arteramente el fin de semana en Miguel Alemán, Tamaulipas.

 

En la mitad del territorio nacional, los cárteles son un factor local de poder. Como tal, actúan de diversas maneras en los procesos electorales.

¿Qué buscan? Lo mismo que los otros factores de poder o grupos de interés legales (empresarios, sindicatos, iglesias, medios de comunicación, asociaciones civiles, partidos, etc.): privilegios, influencia, acceso al presupuesto y, ante todo, protección.

La protección es el “bien público” más preciado por estas bandas. Buscan el control de los cuerpos de seguridad, el manejo de los centros C2 y C4, la administración de la vía pública (alcoholes, bares y chelerías) y, recientemente, la obra pública municipal.

Cuando la infiltración del crimen es más estructural, también buscan postular candidatos en los diversos partidos o comprometerlos desde la campaña (mediante financiamientos generosos cuan ilegales). Lo que viene a corroborar que la delincuencia organizada en México es ante todo delincuencia protegida.

La concurrencia entre elecciones locales y federales este año puso en el escenario público el tema de la violencia política, expresada –entre otros indicadores– en el alto número de candidatos que fueron asesinados en estas elecciones.

Con las ejecuciones de dos candidatos en Michoacán, la semana pasada, la contabilidad se ubicaría en 114 candidatos asesinados durante este proceso, de acuerdo a la consultora privada Etellekt.

En su indicador de violencia política 2018, señala que “son más de 400 agresiones a políticos y candidatos desde septiembre de 2017… De 112 asesinatos, 28 eran precandidatos y 14 más candidatos a puestos de elección; el resto corresponde a alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes, ex regidores, diputados, síndicos y ex síndicos. En este periodo, otros 127 políticos han recibido amenazas y actos de intimidación, de los cuales, 73 son candidatos y 16 precandidatos.

“Durante el proceso electoral 2018, se registraron un total de 401 agresiones globales en contra de políticos y candidatos en 31 estados y 263 municipios (más del 10 por ciento de los municipios del país). En el indicador de violencia, se documentaron desde intimidaciones y amenazas, ataques a familiares, agresiones con armas de fuego, físicas, asaltos con violencia. Los estados de Guerrero (23), Oaxaca (19), Puebla (13) y Veracruz (8) son los que registran un mayor número de agresiones, señaló el indicador” (Excélsior, 9 de junio 2018).

 

Una forma inédita de injerencia electoral de los grupos criminales se está presentando en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Consiste en secuestrar a los operadores electorales del partido en el poder municipal y estatal (PAN), desnudarlos, pintar sus cuerpos de azul y blanco, colocarles consignas como “compro el voto a 500” y dibujarles unos cuernos de vaca. Después se les obliga a caminar por las principales plazas, avenidas y centros comerciales de la ciudad. Se les bautizó como los pitufos panilos.

Las personas exhibidas son operadores y funcionarios del actual ayuntamiento, cuyo alcalde busca reelegirse. En este municipio se libra una dura batalla entre un cartel regional y el gobierno estatal, que ahora se trasladó al ámbito electoral.

Por cierto, hace algunos años, en este municipio, me tocó ver una peculiar manta colgada en un puente peatonal: “Los políticos roban con charola, nosotros con pistola: CDG”. Es la manera como muchos perciben el vínculo entre política y crimen. Además de la pistola, varios de estos grupos buscan ahora manejar también la charola.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter: @ricardomonreala


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