CUQUIS HERNÁNDEZ | NTRZACATECAS.COM
CUQUIS HERNÁNDEZ | NTRZACATECAS.COM

VILLA HIDALGO. Javier Huerta Garza, ex presidente municipal de Villa Hidalgo en el periodo 2013-2016, fue consignado a nueve meses de prisión, pero con el beneficio de purgar su pena fuera del penal de Cieneguillas, lugar que sólo pisó unos cuantos días, debido a que el delito que cometió en contra del erario público no se considera grave, de acuerdo con la legislación actual.

El ex alcalde pisó la cárcel a principios de enero, derivado de una denuncia penal interpuesta por la síndico municipal, Yesenia Escamilla, por robo de documentos públicos, ya que Huerta Garza se llevó del ayuntamiento varias actas de cabildo.

Hasta este momento, el de Javier Huerta es el único caso de un funcionario de este nivel que es consignado.

De acuerdo con información de Salvador Villa, fiscal especializado en combate a la corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), un caso más está por concretarse, pues “ya se giró la orden de aprehensión contra otro presidente”, aunque omitió su nombre porque el caso está en su fase final de investigación.

Asimismo, reconoció que “si un presidente municipal roba un peso o millones, el castigo es el mismo, ya que, ante la falta de una reforma integral de la ley, quienes cometen un delito en contra del erario público tienen derechos y eso incluye compurgar su pena fuera de la cárcel”.

De acuerdo con información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), desde el 2013 a junio de 2018 sumaron 39 denuncias penales en contra de ex presidentes municipales.

De éstas, en 2004, 2005, 2006 y 2009, se presentaron 13 querellas, mientras que en 2007 y 2010, no se consignó ninguna.

El fiscal Salvador Villa, informó que en mayo, en su jurisdicción, se concretaron 30 carpetas de investigación y en junio se añadió una más, derivada del incumplimiento de la entrega de la Cuenta Pública 2017, cuyo plazo venció el 30 de abril pasado.

No obstante, la ASE reporta 39 denuncias penales interpuestas. De éstas 30 que ya están en curso en la fiscalía, especificó Villa, una ya concluyó y actualmente está por concretarse otra con la búsqueda del imputado, pues “pronto se girará la orden de aprehensión correspondiente”.

Un delito mínimo
Salvador Villa detalló que los delitos cometidos por el mal manejo de los recursos públicos, hasta ahora, no se consideran un delito mayor, ya que una pena que bien pudiera concluir en 10 o más años de condena, apenas termina en unos meses de cárcel.

En el caso de Javier Huerta, compurga sus nueve meses de castigo libre, y la única condición que debe cumplir es no salir del estado y acudir cada 15 días a la fiscalía a firmar los documentos legales pertinentes.

“Es el derecho a un beneficio que tuvo. Sí pisó la cárcel, pero está haciendo uso de su derecho, tiene que reparar el delito, pero son pocas las sanciones que obtienen”, reconoció el fiscal anticorrupción, tras afirmar que, de hecho, una de sus prioridades con la creación de ésta unidad será precisamente promover una reforma que impacte en el castigo de estos delitos.

“El reto es generar confianza en las autoridades y que todos empecemos a trabajar en eso para que el Ministerio Público  (MP) judicialice los hechos y tengan realmente una consecuencia”, afirmó.

Asimismo, justificó que por desgracia se tiene un código penal muy robusto y obsoleto. Además, en la actualidad continúa el proceso de transición, entre el sistema tradicional y el nuevo sistema de justicia penal, por lo que se trabaja en el cierre de expedientes antiguos que todavía tardará unos 18 meses en concretarse.

“Por tanto, es un procedimiento complejo, si se considera que toda la plantilla laboral tiene que adaptarse al nuevo sistema penal acusatorio. Mientras tanto, los delitos llevan el proceso basados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que hay muchas áreas de oportunidad para trabajar (en el nuevo sistema)”.

De igual manera, afirmó que ya existe un proyecto que, incluso, se envió a la Coordinación General Jurídica para su revisión y en el que trabajará de la mano el Comité Coordinador del Sistema Estatal que, recordó, dirige un ciudadano.

De esta manera, se podrá impulsar ante el Poder Legislativo “para que se sumen a esta posición de poder reformar el código penal, con el objetivo de imponer sanciones más severas”, pero, advirtió, “sin violar los derechos humanos de los imputados, ya que es un sistema garantista”.

Hechos en que incurren los funcionarios municipales
De acuerdo con la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), los servidores públicos incurren en diversos delitos, pero el principal es el incumplimiento en la presentación de la Cuenta Pública, así como abuso de autoridad, peculado, cohecho, administración fraudulenta, entre otros.

Comentó que de los 31 casos registrados a la fecha, cada uno lleva su propio proceso y tiempo de investigación, que al cerrar, se procede a judicializar, es decir, “que tenga una consecuencia y se finque una responsabilidad penal al infractor”, pero, lamentó, las penas son mínimas.

Finalmente, informó que en el caso de los delitos denunciados por la ASE, la fiscalía revisa 30 carpetas de investigación, desde 2012 a 2015.

Ejercicios fraudulentos
Aunque Salvador Villa se dijo imposibilitado de informar nombres por el proceso que llevan las querellas, citó como ejemplo que a un ex alcalde de El Salvador se le investiga por la posible simulación de la compra de un bien y la obviedad detectada en la construcción de un pozo.

En Villa González, se indaga sobre las irregularidades detectadas en la adquisición de equipo, mientras que Sombrerete tiene cuatro denuncias en su contra por operaciones inexistentes sobre algunas contrataciones que al parecer fueron simuladas.

De igual manera, son investigados Trancoso Villa García, Apulco y Loreto.

El fiscal comentó que mantiene reuniones periódicas con el auditor superior y el jurídico de base, para que las carpetas tengan los elementos que permitan ponerlas a consideración ante el MP y que la mayoría pueda concluir en sanción.

En el caso de Javier Huerta, alcalde que pisó la cárcel este año, NTR Medios de Comunicación consignó que en 2015 solicitó un amparo y protección de la justicia federal para evadir una sanción económica por incumplir con la obligación de transparencia, ante una demanda que interpuso entonces la Comisión Estatal para Acceso a la Información Pública (CEAIP), pero lo perdió y tuvo que pagar una multa.

Los presidentes y sus funcionarios también incurren en otro tipo de delitos, como la entrega de ayudas con soporte incongruente, incluida la falsificación de firmas, así como conceptos pagados y no ejecutados en obra pública; operaciones económicas inexistentes y simuladas.

Además de sobreprecios en contratos de adquisiciones de despensas; sobreprecios en adquisiciones de terrenos, simulación en compras, entre otros delitos.


Nuestros lectores comentan

  1. Vicente Loera Mier

    Esto hira hacer la primera prueba que Obrador tendra que demostrar que el no quere corrupcion.