Alberto Chiu
Alberto Chiu

Los más recientes problemas denunciados por organizaciones de transportistas (taxistas, ruleteros, concesionarios de combis, etcétera), acerca de la existencia de unidades “pirata” que brindan el mismo servicio que ellos en varios municipios de la entidad, pero sin cumplir con los requisitos legales correspondientes, fueron reconocidas por el subdirector de Transporte Público del estado, Miguel Rivera Villa.

No hace ni un par de días que, nuevamente, un grupo de taxistas volvió a encender la mecha del conflicto contra quienes operan bajo el esquema de la empresa de internet Uber, y contra los llamados mototaxis que circulan allá en la región de los cañones. Pero así como se elevaron esas voces en la región suroeste del estado, así también hay incidencias muy parecidas en prácticamente todo el territorio estatal.

A decir de Rivera Villa, una de las principales razones para que se llegara al actual estado de las cosas, donde hay unidades circulando sin permisos (o con permisos experimentales), sin placas, y hasta sin conocimiento de la autoridad, “se debe al abandono que hubo en las delegaciones de la entonces Dirección de Tránsito y Vialidad durante la administración anterior”. Y supongo que con administración anterior se referirá, tal vez, a la de Miguel Alonso Reyes cuando fue gobernador.

Vamos, pues, que en otras palabras Rivera Villa estaría aceptando que bajo el gobierno de Alonso Reyes, las irregularidades fueron de tal tamaño que se solapó la existencia de rutas y taxis ilegales, y que no hubo autoridad alguna que les pusiera un alto… o que al menos se diera cuenta. “Abandono”, es el término que utiliza, y eso suena a “omisión” también.

Lamentablemente, este problema derivado del llamado “abandono” (que ya de por sí es un problema muy grande pues implicaría la explícita omisión de un parte de la autoridad estatal en ejercer sus funciones) abre –o más bien dejó abierta de par en par– la puerta a un problema mucho más grande, más grave, y que no parece tener fin: la corrupción de la que tanto se habla en el área de transporte público y de seguridad vial, pero que misteriosamente nada ni nadie parece encontrarle pruebas como para que haya castigos contundentes y ejemplares contra ningún servidor público.

¿Qué pasó con las 29 (supuestamente esa fue la cifra final) concesiones de taxis que se encontraron irregulares entregadas al término del sexenio de Alonso Reyes? ¿Se revocaron, se redireccionaron, se eliminaron, se les dieron a otras personas con más méritos… o qué? ¿Dónde quedaron los castigos y quiénes fueron señalados como responsables por entregarles esas concesiones de forma “chueca” a gente que no lo merecía? ¿Cuáles fueron las sanciones a que se hicieron acreedores y cuántos de ellos las están cumpliendo o ya las cumplieron?

Porque ahí está otro gran problema del asunto: aunque sí hubo sanciones, y se hicieron efectivas, ¿usted se enteró? También eso hay que comunicarlo, en el mejor ánimo de reestablecer un poco la confianza que la ciudadanía ha perdido en sus gobernantes.

Como quiera que sea, me parece que estamos nuevamente a la puerta de otra andanada de conflictos, recriminaciones, y quizás hasta conatos de bronca, entre taxistas, taxis piratas, ruteros irregulares y, por supuesto, conductores de Uber, puesto que la autoridad, por lo que se ve, no tiene tiempo de mediar en el asunto, ni mucho menos de poner orden y dejar a todo mundo quieto y, mejor aún, trabajando legalmente.

Pero mientras no haya orden, ni la autoridad se haga presente de forma contundente, siempre quedará la puerta abierta a los moches, las mordidas, la compra de permisos, el pago de favores y una larga cadena de “etcéteras”, relacionadas con lo que medio mundo habla en el gremio del transporte: que todo se arregla con una lana, siempre que ese dinero llegue hasta lo más alto, salpicando escalón a escalón de la cadena de mando y autoridad. ¿Hasta cuándo seguirán permitiendo que suceda eso? Es un viaje interminable…


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