Jenny González Arenas
Jenny González Arenas

El tema de las desapariciones forzadas en México es, para nuestra mala fortuna, una cruz con la que tenemos que cargar en diferentes etapas de la historia de nuestro país y, lamentablemente, en estos tiempos resurgió por la crisis en materia de derechos humanos y de seguridad pública en la que nos encontramos.

Sin embargo, es muy importante que comencemos por diferenciar las desapariciones forzadas de las ejecuciones extrajudiciales o extralegales o arbitrarias.

De conformidad con lo establecido en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, en su artículo 13, establece como característica de la desaparición forzada que la suerte o el paradero de la persona desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados. Y en el artículo 27 de la misma ley se dice que “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización o el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.”

Como podemos observar, la desaparición forzada implica que se desconoce el paradero o fin que haya tenido la persona que no se localiza y que se presume desapareció por participación directa o complicidad de algún agente del Estado.

Contrario a lo anterior, la ejecución extrajudicial o extralegal o arbitraria, según el doctor Humberto Henderson es: “la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga.”

La diferencia es muy clara, en el primero, se desconoce la suerte o fin de la persona, el en segundo, puede ni siquiera encontrarse desaparecido, pero la muerte de la persona a manos de un agente estatal o con su complicidad sin que exista un procedimiento legal o judicial.

Resulta reiterado afirmar que en nuestro país, ninguna persona puede ser privada de la vida por agentes del Estado mediante un procedimiento legal o judicial, porque ello implicaría que dentro de nuestra legislación se encuentre contemplada la pena de muerte, lo que no solo significaría un retroceso en la protección del derecho humano a la vida, sino que también traería consigo la violación por parte del gobierno mexicano a diversos tratados internacionales ratificados por nuestro país que prohíben la pena de muerte y promueven su desaparición progresiva de las legislaciones de los Estados.

La desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales son dos delitos diferentes, que tienen consecuencias distintas, que implican la actualización de supuestos jurídicos diferentes, y por consiguiente, deben ser tratados como son, con las debidas diferencias acorde no solo a la legislación vigente en nuestro país sino a los tratados internacionales ratificados también por México y que son, acorde a lo establecido en el artículo 1º de la Constitución, de observancia general en el territorio nacional y por todas las autoridades en el ámbito de sus competencias.

La diferencia entre estos dos delitos quedó claramente establecida en la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Radilla Pacheco contra México, la clave en ese litigio fue que las víctimas y sus asesores legales establecieron perfectamente la diferencia entre la desaparición forzada del Señor Radilla y no promovieron la presunción de muerte, que era lo que las autoridades mexicanas pretendían para dar por concluido dicho asunto.


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