Alberto Chiu
Alberto Chiu

El conflicto –que ya es recurrente– en la mina Peñasquito de la canadiense Goldcorp, asentada en el municipio de Mazapil, sigue creciendo y lamentablemente ya afectó a varias comunidades de esta demarcación que, debido a una serie de necedades, se han quedado sin suministro de agua potable que recibían de la mina. El ayuntamiento tiene que surtirles mediante pipas, pero la verdad es que resulta insuficiente.

Ya son varios días desde que un grupo de transportistas de carga pesada bloquearon los accesos de la mina, para exigir el cumplimiento por parte de la empresa extractiva para con ellos, consistente en darles chamba en el traslado de materiales extraídos. Según estos transportistas, la minera les cambió la jugada y dejarían de utilizar muchos de sus camiones, lo que les acarrea pérdidas por varios cientos de miles de pesos al mes, según sus cálculos.

Hasta donde se sabe, ya está involucrada la Secretaría de Gobierno del estado, tratando de conseguir una negociación en la que, muy a su estilo, la empresa canadiense se niega a negociar con los inconformes y los considera prácticamente como a delincuentes o terroristas con los que no ni siquiera hay que entablar diálogo.

Peor aún, incluso en corrillos se desliza la “insinuación” de que si no ven condiciones, la minera se iría de Mazapil, afectando definitivamente tanto la economía de la región –una de las más ricas en minerales preciosos del país, y quizá del mundo–, como el desarrollo social de sus comunidades aledañas, incidiendo –como ya es el caso– en la supresión de servicios como el del agua potable.

¿A qué se atienen? ¿A que el dinero todo lo puede y por tanto con la mano en la cintura pueden hacer y deshacer a su gusto? ¿A que sólo ellos tienen la llave que abre y cierra los suministros de agua para cientos de familias que en estos momentos se están viendo en apuros no sólo para tener agua de uso corriente, sino agua apta para el consumo humano, que es un derecho vital?

Más allá de que se esté llevando a cabo una negociación entre transportistas y empresa, más allá de que el gobierno del estado esté siendo intermediario y facilitador del diálogo, incluso más allá de los miles de millones de dólares que les reditúa la extracción de oro y plata (entre muchos otros minerales) del subsuelo zacatecano, y que se llevan a su país de origen, el hecho de cortar el suministro de agua sí tiene, insoslayablemente, carácter de crimen, es una salvajada, fuera de todo sentido común y de las más básicas normas de civilidad y de convivencia si es que de verdad estuvieran interesados en desarrollar la región de donde obtienen toda esa riqueza.

Ojalá el gobierno estatal se faje los pantalones y no ceda ante una “presión” que pone a muchos de nuestros coterráneos en situación de desgracia, al nivel de comunidades en países del tercer mundo que no tienen acceso al vital líquido, también por decisión de empresas que se aprovechan de los recursos naturales locales, pero no reditúan ni eso: ni el agua.

Ojalá en la mina haya al menos un poco de sentido común y de responsabilidad social y de humanismo, y no sólo piensen –como parece– en lo mucho o poco que le pueden sacar a esa mina o a cualquiera otra que tengan, sin importarles –como parece– que los habitantes del lugar padezcan condiciones de sequía por falta de agua que, de por sí bien lo saben, obtienen de esas instalaciones.

Los señalamientos no son nuevos. El propio presidente de Mazapil asegura que hay compromisos de la mina que no se han cumplido a cabalidad desde hace 15 años, ¿cuánto más hay que esperar para exigirles su cumplimiento? ¿Cuánto más hay que aguantar que su “poderío económico” avasalle pueblos enteros y pase por encima de la autoridad? Ya es tiempo de una solución integral, ojalá allí haya quien piense lo mismo.


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