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CIUDAD DE MÉXICO.- Por cinco votos contra dos, el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló las candidaturas plurinominales al Senado de Miguel Ángel Mancera, por el PAN, y Napoleón Gómez Urrutia, por Morena.

Durante la sesión, los Magistrados José Luis Vargas y Felipe Fuentes se pronunciaron contra la candidatura del líder minero.

Vargas sostuvo que el fuero de senador podría impedir que «Napo» aclarara imputaciones en su contra, en alusión a la acusación de que desvió 54 millones de dólares de un fideicomiso minero.

«Me parece lamentable y preocupante que concedamos un registro de candidatura al Senado de la República para que adquiera esa condición que implica poder contar con fuero y que implica que, aquellas cuestiones que podría tener necesidad de aclarar a la justicia durante los próximos años, no lo pueda hacer», afirmó.

Tanto Vargas como Fuentes agregaron que, de acuerdo con la Constitución, el cargo de senador está reservado a los mexicanos por nacimiento que no hayan adquirido una segunda nacionalidad, como en el caso del dirigente, quien adquirió la nacionalidad canadiense, donde vive exiliado desde hace 12 años.

Fuentes indicó que los funcionarios que ejercen cargos públicos sensibles para el rumbo del Estado deben estar libres de sospecha de intereses ajenos al país.

«El ejercicio de ciertos cargos se relaciona con los intereses o el destino político de la nación, las áreas estrategias o prioritarias del Estado o bien con la seguridad y defensa nacional», expuso.

«Esto se trata de cargos o funciones ligadas a conceptos de lealtad, identidad o soberanías nacionales, respecto a los que debe evitarse toda suspicacia acerca de compromisos con Estados extranjeros».

El Magistrado consideró que el certificado de nacionalidad mexicana presentado por Gómez Urrutia no es suficiente para cumplir con ese requisito constitucional.

En ese sentido, el Magistrado Vargas sostuvo que es imposible saber si dicho documento es válido para el propio Gobierno canadiense y suficiente para que le anule sus derechos y obligaciones.

«Si no es así, los derechos y las obligaciones de esa nacionalidad que él adquirió voluntariamente siguen vigentes, y eso es lo que nos tendría que preocupar», sostuvo.


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