(*)Jesús Alberto Cano Vélez
(*)Jesús Alberto Cano Vélez

Uno los instrumentos de mayor auge en la actualidad son los estudios de mercado de opinión, mejor conocidos como encuestas, que buscan medir la reacción de la gente frente a determinados procesos sociales, especialmente las elecciones.

Provenientes del mundo desarrollado, lograron carta de naturalización en nuestro país desde hace un par de décadas, constituyendo hoy en día, uno de los componentes más importantes en los procesos electorales.

Su creciente auge deviene del interés de los grupos de poder por obtener referentes y mapas de ubicación sobre cómo van las preferencias ciudadanas. Y a pesar de la gran diversidad de metodologías utilizadas, la forma de aplicarlas, los filtros para establecer grupos de votantes y las formas de diferenciar verdades de mentiras, al final, la credibilidad de una empresa encuestadora se sustenta en su score de aciertos. Es decir, en la frecuencia con la que estas mediciones se acerquen a los resultados.

Por el contrario, cuando fallan en sus pronósticos, como ocurrió recientemente con el Brexit o la elección de Trump, sufren severas críticas que lesionan seriamente su credibilidad.

En el caso de México y su proceso electoral en marcha, cabe señalar que más allá de las metodologías y su correcta aplicación, las encuestas se llevan a cabo en un terreno sumamente resbaloso, que es el segmento mayoritario de la población que no milita en los partidos políticos, es decir, el segmento que define el resultado de la elección. Un segmento de preferencias cambiantes, en donde un sinfín de factores puedan motivar cambios de opinión.

Tal vez, por ello empezamos a ver que algunos candidatos, partidos, y grupos de interés que perciben las encuestas como instrumentos de intervención política: pagan encuestas “a modo” e inventan empresas encuestadoras efímeras, a pesar de que el INE las regula.

Las encuestas son una “fotografía” de las preferencias electorales en el momento que se levantan, pero si la opinión pública las percibe como “pronósticos electorales” esto es totalmente incorrecto. Por eso, deben extremarse precauciones al juzgar su calidad y al interpretar sus resultados; tomar en cuenta la fuente de la encuesta, si se trata de empresas serias, conocidas; si registraron sus metodologías ante el

INE; saber cuáles son sus fuentes de financiamiento, para identificar agendas detrás de quienes las elaboran o las pagan.

Es indispensable conocer las tasas de rechazo (cuántos se niegan a contestar el cuestionario) y el porcentaje de indecisos de cada encuesta. Los especialistas afirman que no hay un sesgo entre la tasa de rechazo y la calidad de la captura de preferencias electorales.

Respecto al porcentaje de indecisos no hay, a la fecha, un modelo de aceptación generalizada sobre cómo asignar esos votos. Las encuestadoras que asignan los indecisos lo hacen con gran discrecionalidad, a pesar de que el porcentaje tiene un efecto directo sobre la presentación de preferencias.

Un impacto sustancial es la encuesta publicada por el diario Reforma, que desde febrero divulgó preferencias por AMLO, superiores a 40 por ciento: 42 por ciento ese mes, 48 por ciento en abril, y 48 por ciento en mayo. Ese número, combinado con una diferencia importante entre el puntero y los otros candidatos, impulsó la percepción de que esta elección ya estaba resuelta a favor de López Obrador y que los otros candidatos estaban muy distantes.

Hoy por hoy, el principal riesgo de un manejo discrecional de las encuestas es la manipulación de la gente. Y es que, a pesar de la supervisión del INE, no existe a la fecha un mecanismo regulador efectivo que evite un desempeño sesgado.

A cuarenta y dos días de la elección, las tendencias nos hablan de un permanente puntero y dos candidatos que se disputan la segunda posición. Para algunos, la tendencia que hoy vemos se mantendrá hasta el 1º de julio con algunas variaciones en puntaje; para otros, la tendencia se moverá pudiendo alterar la jerarquía actual. ¿De qué depende? Del desempeño de los candidatos, para eso están los debates.

 

 

(*)Economista

@acanovelez


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