SERGIO SARMIENTO
SERGIO SARMIENTO

“Allá está Napoleón Gómez Urrutia en Canadá, en el exilio porque lo han perseguido.”

Andrés Manuel López Obrador

 

Sí, es verdad, Napoleón Gómez Urrutia no enfrenta ya ninguna acusación penal. Las derrotó todas. Por ese lado no tiene obstáculo para ser senador. Los tribunales de nuestro país decidieron que el Sindicato Minero sí tenía derecho a tomar los 54 millones de dólares depositados por Grupo México en un fideicomiso bancario. Sin embargo, no para embolsárselos. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ratificó que el dinero debió entregarse a los mineros. Ha dicho López Obrador que el líder minero se vio obligado a exiliarse en 2006 “porque no se sometió a los dictados de los que mandan en la Secretaría del Trabajo y otros que se sienten dueños de México”. Gómez Urrutia, quien obtuvo la nacionalidad canadiense, afirma que su exilio fue producto de su cuestionamiento a Grupo México por la tragedia de la mina de Pasta de Conchos del 19 de febrero de 2006. La disputa entre el líder y la empresa; sin embargo, empezó antes. En 2004 Grupo México depositó en un fideicomiso bancario 54 millones de dólares que debían de repartirse entre los mineros, pero en 2005 el sindicato extinguió el fideicomiso y se quedó con el dinero. Gómez Urrutia afirma que la cantidad fue entregada a los mineros, pero los “propios agremiados” del sindicato de Napoleón, dice un desplegado publicado ayer por otros sindicatos, “tienen más de trece años buscando que les haga cuentas su líder”. Una empresa de auditoría supuestamente reviso las cuentas, pero sus resultados no dejaron satisfechos ni a los mineros ni a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual ha emitido un nuevo laudo ordenando el pago. Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, me dijo ayer que los dirigentes del sindicato de Napoleón “pagaron lo que quisieron. Él repartió como ocho o nueve millones de dólares, nada más en la gente de Cananea. Él insistió en que el dinero era para el sindicato”. La aportación de 54 millones la hizo Grupo México para beneficiar a quienes eran mineros en el momento en que Grupo México compró Minera de Cananea en 1990. Alrededor de 10 mil trabajadores, según Pavón, tienen derecho a recibir dinero y no lo han hecho, y esto incluye a trabajadores de las minas de Sombrerete y Taxco que el sindicato de Napoleón mantiene cerradas desde hace años. “A los que les dio les toca mucho más. El dinero no era para ellos (para los líderes). Ni el sindicato tiene claras las cuentas.” El tema lleva ya mucho tiempo en la lenta justicia mexicana. Napoleón podría alargarlo más, ciertamente más allá del 1 de julio cuando busca ser electo senador por la alianza de López Obrador, lo cual le daría fuero. Pase lo que pase, el Sindicato Minero tiene que repartir los 54 millones de dólares a todos los mineros que hayan estado trabajando en las minas de Grupo México en 1990 o demostrar que ya lo ha hecho. Si no lo hace, sus activos podrían ser embargados y podría haber nuevas acusaciones penales en contra de Napoleón. Es verdad, como dice Andrés Manuel, que en este momento Napoleón está libre de acusaciones penales y puede regresar a México, pero no quedará libre de responsabilidad en tanto no reparta los 54 millones de dólares a los mineros. Quizá no haya obstáculo legal para su elección al Senado, pero es lamentable que se haya postulado a un líder que al parecer se quedó con 54 millones de dólares que no eran de él sino de los mineros.

 

Suicidio asistido

David Goodall, un científico australiano de 104 años, tuvo que ir a Suiza para poder someterse a un suicidio asistido ayer, el cual no es legal en Australia. México también prohíbe esta posibilidad. Es paradójico, nuestras leyes protegen a los homicidas, pero no permiten un suicidio asistido de alguien que lo quiere.

 

Twitter: @SergioSarmiento


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