Alberto Chiu
Alberto Chiu

Este próximo 10 de mayo, a manera de “celebración” del Día de la Madre, diversas organizaciones en varios puntos del país se preparan para realizar marchas y manifestaciones en apoyo de aquellas madres de familia que, lamentablemente, cargan con el terrible dolor de no tener a sus hijos en casa, porque simplemente están “desaparecidos”, ya sea porque los desapareció una autoridad (desaparición forzada), o porque se los llevó algún grupo delincuencial (desaparición cometida por particulares).

Es sin duda inenarrable el dolor de una madre que se encuentra en esa situación, sin saber ni del paradero ni del estado de salud o siquiera de si siguen vivos o no sus hijos. Al menos así  lo demuestran las incontables historias que al respecto registran diversos medios de comunicación en todo el país.

Precisamente para abordar estos asuntos –entre otros– se ha preparado también la realización de un foro de análisis que tocará la llamada “Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares”, así como lo tocante al recientemente implementado Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y es que al menos en Zacatecas el problema es grave, por decir lo menos. Cerca de mil personas desaparecidas son demasiadas.

Ya sea que se los haya llevado una autoridad (alguna corporación de policía, por ejemplo) o alguna de las bandas que operan en la entidad, el problema de la desaparición de hombres, mujeres y menores de edad sigue siendo en nuestros días un flagelo que, en el mejor de los casos, llega a resolverse con el retorno del desaparecido a cambio del patrimonio de los familiares. Pero en el peor de los casos, nunca más se vuelve a saber de ellos ni se llega a tener la certeza “científica” de que quizás ya están muertos, pues no queda rastro alguno de esas personas o los pocos restos que se localizan no llevan a ninguna respuesta conclusiva de que son ellos.

Tal vez no nos estemos convirtiendo en una “sociedad de familiares de desaparecidos”, y quizá la respuesta más común de la autoridad sea que “estadísticamente” no representan muchos los casos de desapariciones, o que comparados con otras entidades del país, no estamos “tan mal”. Las mismas excusas de siempre.

Sin embargo, el problema de la desaparición de personas sigue siendo motivo de que cada vez más personas en la sociedad desconfíen del trabajo que realiza la autoridad –la municipal, la estatal o la federal también, por supuesto–, y en estos momentos representa al mismo tiempo un punto de desconfianza para todos aquellos candidatos que hacen suyo el discurso de promesa de que, si resultan electos, seguramente bajará la delincuencia, se acabará la violencia, o no habrá más desapariciones.

La nueva ley, por más bondadosamente que esté escrita para beneficio y alivio de la sociedad, dependerá siempre de su aplicación por parte de quienes tienen en sus manos el ejercicio de la autoridad, es decir, de las corporaciones de seguridad, los jueces, los magistrados, etcétera.

Siempre llegaremos a la misma conclusión de que son las personas a cargo de esos puestos quienes, indefectiblemente, tendrán a final de cuentas la responsabilidad de hacerla valer… o torcerla, o de plano romperla, gracias a diversos mecanismos de corrupción e impunidad que, como podrán contar muchos familiares de desaparecidos, o de ejecutados, no permiten que se haga justicia plena y cabal ni para ellos ni para los deudos.

Nos faltan más ciudadanos realmente comprometidos con la justicia en el ejercicio de esos cargos de altísima responsabilidad, con un gran sentido de nacionalismo y de responsabilidad social, y eso se empieza a enseñar en casa, desde el respeto a las normas del hogar y de la escuela, hasta el civismo y el espíritu de servicio hacia el prójimo. ¿Estamos colaborando para crear esos ciudadanos desde nuestro ámbito, para no tener que llorar en un futuro la desaparición de alguno de ellos?


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