Alberto Chiu
Alberto Chiu

Uno de los muy llevados y traídos asuntos de estos días, sin duda lo es el que al cierre del periodo ordinario en la Cámara de Senadores de nuestro país no se logró ratificar la decisión que la Cámara de Diputados había tomado, aprobando un dictamen para eliminar el fuero de los funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República. Las acusaciones van y vienen, en torno a que fueron los senadores quienes finalmente atoraron la propuesta.

Me parece que la discusión sobre eliminar o no el fuero de los funcionarios está arraigada en la gente, más bien en términos de que en general se piensa que “gozar de fuero” es sinónimo de “gozar de plena impunidad para cometer delitos”, cuando en su origen es totalmente distinto, pues se supone que es un privilegio para poder desempeñar el cargo que ostentan los servidores públicos, sin presiones –por ejemplo– de otro Poder, pero no para darles una suerte de patente de corso que les exima de responsabilidades si cometen algún delito. Para esos casos, está contemplado el procedimiento para desaforar (quitar el fuero) y enfrentar el peso de la justicia, cuando hay denuncias formales y se prueba la responsabilidad del funcionario.

Lamentablemente, con todo y que el tema de por sí es suficientemente amplio –y por demás interesante y atractivo– para la profunda discusión y, por qué no, modificación constitucional, es precisamente en estos días que el tema ha empezado a tomarse principalmente con carácter de contracampaña electoral, y seguramente será una bandera que más de un partido político o candidato utilice para denostar a tal o cual facción política y sus candidatos.

Buscarán aprovecharse, principalmente, de la poca información y escaso conocimiento que muchas personas tienen –tenemos– sobre la figura del fuero, o la del juicio de procedencia, o de los casos especiales en los que se puede someter a la justicia a un servidor público, y con ello intentarán sembrar en la mente de los votantes que tal o cual partido –y por ende, sus candidatos– son partidarios de seguir ofreciendo impunidad a quienes, desde el poder público, desde los gobiernos o las legislaturas o los tribunales, se aprovechan a su vez de dicha posición.

El fuero, como quiera, existe no sólo en México, sino en muchos otros países donde, con distintas acotaciones, establece ese “privilegio” (incluso así se llama en algunos de ellos) para aquellos que desempeñan cargos públicos, con el mismo objetivo de protegerlos de la subordinación o la amañada acusación de quien sea, en acciones que podrían desestabilizar el correcto ejercicio del puesto.

Así que, por lo pronto, y antes de que nos compremos esas consignas que ya empiezan a sonar mediáticamente y a través de las redes sociales se convierten en campañas de repudio a la impunidad, sólo espero que los ciudadanos nos informemos más aún tanto sobre la minuta que aprobaron los diputados federales y enviaron al senado, como sobre las posibles consecuencias (positivas y negativas) que traería al país la desaparición del fuero constitucional, así como sobre las posibilidades de acotarlo tan estrictamente que no haya cabida al mal uso del fuero, pero tampoco quepa el mal uso de su ausencia.

Como quiera que sea, insisto en que un elemento fundamental para nuestra sociedad debe seguir siendo la búsqueda de políticos honestos, con verdadera vocación de servicio a la sociedad, que se rijan por los valores sociales generalmente aceptados, que conozcan la ley, la respeten y la honren, y que pongan ante todo el bienestar de la nación (en el amplio sentido del término), en lugar de sus intereses personales o, mucho menos, los intereses de los grupos de poder fáctico.

Y precisamente para eso nos debe servir el actual proceso electoral, si no, ¿para qué carajos estamos votando, si no es para entregarle el mandato o la posibilidad de legislar, a personas sobre las que no tenemos confianza o que no han demostrado su capacidad y voluntad de servicio público? ¿Vamos a votar basándonos sólo en promesas de campaña? Creo que no es lo óptimo…


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