Alberto Chiu
Alberto Chiu

Ayer nos enteramos de que el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, signó un convenio –como parte de las demás instituciones de educación superior en el país– con la Secretaría de Gobernación, cuyo objetivo sería coadyuvar institucionalmente en el combate a la inseguridad y la violencia en las universidades, por ejemplo, permitiendo el acceso pleno de la Policía Federal a los campus “para perseguir y a aprehender narcomenudistas o delincuentes”. ¿Y a poco hay de esos en nuestra universidad? Lamentablemente, parece que sí.

El asunto de la presunta disociación entre seguridad y autonomía universitaria, sin embargo, ha sido tema de discusión durante años sobre todo en lo tocante a la presumible “inviolabilidad” de los recintos escolares por parte de las fuerzas policiacas. ¿Hasta dónde puede llegar el autogobierno de la universidad en lo tocante a la procuración de seguridad de sus alumnos, cuerpos docentes y trabajadores?

Al menos en teoría, la universidad decide autónomamente (sin supuestas injerencias de los poderes políticos, aunque tristemente la realidad grite lo contrario) su forma de organización administrativa, por ejemplo; o su gobierno interno; o por supuesto sus planes y programas de estudio e investigación, todo ello encaminado a dar cumplimiento a la parte que les corresponde del artículo tercero constitucional, la de educar, investigar y propagar la cultura entre la sociedad.

Pero la inseguridad que rodea e impregna a nuestra sociedad ha traspasado, inexorablemente, las fronteras universitarias y los hechos de violencia han alcanzado tanto a estudiantes como a profesores, investigadores y empleados de las máximas casas de estudios. Y en algunos casos trágicos, han roto las barreras físicas y se han producido hechos violentos al interior de algunas de ellas, como lo fue recientemente en la UNAM.

Nadie con dos dedos de frente podría negar que es absolutamente necesaria la colaboración y coadyuvancia institucional entre las universidades y las fuerzas del orden, a fin de mantener la paz y tranquilidad de aquellas para que puedan seguir llevando a cabo su tarea formativa, sin la deleznable incidencia de la venta de drogas, el abuso o acoso de su personal o mucho menos sus alumnos, o cualquier otro acto ilícito que pudiera cometerse intramuros en los recintos académicos. Hechos que, como lo hemos visto, suceden.

Desde hace muchos años, existen versiones al interior de universidades –como la propia UAZ– acerca de alumnos (e incluso maestros o trabajadores) que “a la sorda” venden alguna clase de droga; o versiones de que personal con alguna figura de autoridad (maestros, directores de área o carrera, administrativos) incurren en casos de acoso o abuso generalmente contra estudiantes o trabajadores de puestos menores. Son voces que, en muy bajo volumen, relatan “anecdóticamente” casos que ni siquiera deberían existir.

Y sin tratar de sonar exagerado, ha habido también casos en que se comenta que profesores se han visto amenazados directamente por alumnos que, en el colmo del cinismo, se dicen amigos o allegados de personajes ligados a bandas o cárteles delincuenciales, y que logran desde obtener mejores notas escolares hasta cualquier otro beneficio académico, a cambio de no hacerles daño a los profesores en su persona o en sus cosas. Casos que se cuentan en voz baja y que muchos conocen, pero que pocos –o más bien, casi nadie– se atreven a denunciar por el comprensible pavor a las posibles represalias.

Sí, tal vez las universidades –como esperamos suceda con la UAZ– deberán honrar este acuerdo firmado con Gobernación mediante la elaboración de estrategias propias y esquemas de seguridad al interior de cada unidad académica, de cada dirección de carrera, y hasta de cada aula. Pero también habrá que ver qué hace la rectoría, por ejemplo, para inculcar en toda su comunidad –dentro de la autonomía que le otorga el Estado– valores como el de la denuncia, el de la honradez, el del respeto irrestricto a la ley, a la persona y a las instituciones.

“La autonomía y la seguridad no están peleadas”, dice el rector Antonio Guzmán. Ojalá este argumento sirva de base para efectivamente trabajar con toda su comunidad, de manera que entiendan que, en estos tiempos, esa misma autonomía no da lo suficiente para protegerse, pues la universidad no está en un capelo de cristal.

 


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  1. Saludos, somos una ong dedicada a la protección de los derechos universitarios, la libertad académica y la autonomía en Venezuela. Nos gustaría enviarles información a un correo electrónico