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CIUDAD DE MÉXICO. En 34 casos de personas procesadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hay evidencia suficientemente sólida que revela tortura por parte de elementos de la PGR, la Policía Federal o la Marina, concluye un informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

De acuerdo con el documento titulado «Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa», los actos de tortura fueron cometidos entre septiembre de 2014 y enero de 2016.

Entre los 34 casos se encuentran policías de Iguala y personas vinculadas a Guerreros Unidos, en cuyas declaraciones se basó la «verdad histórica», como Agustín García «El Chereje», quien fue llevado al Río San Juan por Tomás Zerón, ex jefe de la AIC; y Gildardo López Astudillo, «El Gil», quien supuestamente ordenó desaparecer a los normalistas.

Golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y presión psicológica son algunas de las formas de tortura identificadas por ONU-DH.

«Las autoridades involucradas en estos actos incluirían a personal de la PGR, principalmente de la SEIDO y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como a integrantes de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina», señala.

ONU-DH documentó que en la mayoría de los 34 casos, el parte policiaco reportó que las detenciones fueron llevadas a cabo sin necesidad de recurrir a la fuerza, no obstante los posteriores informes médicos advierten sobre lesiones.

Para explicar las lesiones de los imputados, añadió, las autoridades federales señalaron «autogolpes», «lesiones anteriores a la detención», «estados de ebriedad» o «caídas».

Implican a marinos en muerte
El informe de la ONU-DH reveló que existen acusaciones de que un implicado en el caso murió a raíz de la tortura que le infligieron elementos de la Marina.

Se trata de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, quien presuntamente habría sido detenido, junto con Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas, el 27 de octubre de 2014 en Cuernavaca, Morelos, cuyo fallecimiento fue atribuido a una caída de azotea desde una altura de 10 metros.

Los elementos de la Secretaría de Marina reportaron la detención de Flores López y Lozano Cuevas a las 5:00 horas. Sin embargo, la ONU-DH obtuvo información de los procesados, de testigos y de los expedientes que indica que el arresto fue en realidad a las 22:00 horas del 26 de octubre, y que fueron puestos a disposición del Ministerio Público a las 11:30 horas del día siguiente.

En la carpeta de investigación SC01/7325/2014, un cabo narró que Blas Patiño cayó de la azotea.

Según los exámenes médicos de la PGR, en el momento en que fueron puestos a disposición del MP, Flores López tenía 30 lesiones y Lozano Cuevas 17, aunque los marinos dijeron que su captura fue pacífica.

Flores López declaró el 31 de octubre de 2015 que los tres fueron detenidos dentro de un inmueble, donde también torturaron a Blas Patiño.

«Hasta que escuché ‘ya valió madre, ya valió madre, éste no aguantó, se me ahogó’, y se escuchó que llegaron los demás y le dijeron que qué había hecho y él les dijo que se había ahogado, que no había aguantado», contó al MP.

La causa de la muerte fue «hemorragia cerebral aguda, laceración encefálica y sección medular y fractura vertebral consecutivo a traumatismo severo».

Tortura, en casos excepcionales: PGR
Tras señalamientos de la ONU respecto a que 34 detenidos por el caso Iguala han sido torturados, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que esa práctica no ha sido acreditada con base a dictámenes del Protocolo de Estambul, «salvo en algunos casos excepcionales».

«Como en su momento se hizo notar a la OACNUDH, su Informe omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul). Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el Informe», respondió la PGR sobre las acusaciones.

«Al respecto, y como también se informó a la CIDH, de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente. No obstante, se continúan realizando las diligencias correspondientes».

Ello, añadió, aunado al hecho de que existen otras pruebas en los expedientes, «más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales».


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