Alberto Chiu
Alberto Chiu

Según las cifras arrojadas por los estudios internos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Zacatecas más de la mitad de los empresarios –digamos de al menos los que están afiliados a la cúpula patronal–, han sido víctimas de la delincuencia, en cualquiera de sus ramificaciones. Conste que ni son pocos, ni es una cifra menospreciable por la autoridad, y nos coloca arriba de la media nacional de afectaciones a negocios en todo el país. ¿Seguirá la autoridad con el discurso de que “este gobierno no es el responsable”?

La violencia que ha afectado por igual a ciudadanos de a pie como a empresas de todo tamaño, tuvo un repunte durante todo el año pasado, considerado el más violento de la historia reciente, y según dio a conocer ayer mismo el Observatorio Nacional Ciudadano, provocó que en cinco estados que se consideraban relativamente seguros, ahora son considerados “focos rojos”. Y sí, adivinó, entre estos cinco se encuentra Zacatecas.

Tanto las mediciones propias de la Coparmex, como las del Observatorio Nacional Ciudadano, o de la Red Estatal de Organizaciones No Gubernamentales, y por qué no decirlo, de muchos ciudadanos de a pie como usted o como yo, coinciden en señalar como causa fundamental de este hecho la “falta de una estrategia eficaz de seguridad”, a pesar de que en todos los discursos (discursos, al fin y al cabo) se insiste oficialmente en que hay una estrategia y que está dando resultados.

A decir de diversos especialistas en materia de seguridad, lo que hay son acciones aisladas que, lamentablemente, no son lo mismo que una estrategia. La colaboración entre instituciones de seguridad, entre los tres niveles de gobierno, entre las corporaciones policiacas interestatales e intraestatales, tampoco conforman una estrategia como tal. Y los discursos que se basan en la simple relatoría de hechos individuales presentados como “éxitos”, tampoco dan a conocer o esbozar siquiera una estrategia integral de seguridad.

En pocas palabras, y coincidiendo todos los anteriores, no hay estrategia. Sí hay acciones que, de cuando en cuando, logran frenar por momentos la comisión de ilícitos, aunque muchas veces son más bien reacciones fortuitas que han permitido el aseguramiento de vehículos, droga o armas, o la detención de presuntos delincuentes. Pero de eso, a ver los resultados tangibles de esa llamada estrategia integral… dista mucho de la realidad.

Nuevamente, hay que hacer hincapié en que una parte de la estrategia por supuesto es llevada a cabo por la autoridad competente, y la parte complementaria recae en la sociedad a través de la cultura de la denuncia y el compromiso ciudadano de respetar la ley de manera irrestricta. Eso queda claro.

Pero por más que se esfuerce la sociedad, o más bien los individuos particulares en fomentar la cultura de la denuncia, o en inculcar familiarmente el respeto a los derechos y la responsabilidad en el ejercicio del libre albedrío, si la parte oficial no pone su granito de arena, lo único que genera es más y más desconfianza como la que muestran ahora también las organizaciones y cámaras empresariales que ven afectado no sólo su patrimonio, sino la posibilidad de que sus empleados puedan generar también riqueza y desarrollarse plenamente.

Y ahí entra, en la responsabilidad del gobierno, no solamente el combate a la delincuencia por parte de las policías o la acuciosa y efectiva investigación del delito y procuración de justicia, sino también el establecimiento de normas y leyes verdaderamente justas y adecuadas a la realidad por parte de un ente que luego nada más “saca el bulto”: los legisladores. Gracias a ellos también es que tenemos sistemas de procuración de justicia que ni sirven para detener y castigar ejemplarmente a los delincuentes, y sí en cambio para criminalizar a las víctimas, como se ha visto en más de una ocasión.

Así que ¿qué sigue? ¿Seguirá el gobierno (los gobiernos) untándose manteca para que todos estos señalamientos sociales se le resbalen? Ya no se vale poner excusas.


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