ALBERTO CHIU
ALBERTO CHIU

En medio de protestas y manifestaciones y bloqueos de calles aledañas a la sede de la Cámara Alta, ayer el Senado de la República no pudo reunirse en comisiones para dictaminar la Ley de Seguridad Interior que le mandó aprobada la Cámara de Diputados, y parece que esto se definirá hasta la próxima semana, justo antes de que inicien el periodo vacacional. Todo en suspenso, mientras siguen alzándose voces que reniegan de su posible aprobación…

Al mismo tiempo, ayer también fue un día de enorme oleada de toda clase de comentarios, opiniones, chistes (unos buenos, otros malos), memes, críticas y sobaditas de lomo a lo que Andrés Manuel López Obrador había planteado como posibilidad, el día anterior, acerca de otorgarle una amnistía a los cabecillas de los grupos delincuenciales, con el aval de las víctimas, para que se les perdonaran todos sus delitos a cambio de que no siguieran delinquiendo.

Entre uno y otro hitos de lo que va conformando nuestra historia nacional, hay quienes se preguntan, por ejemplo, cómo es posible que las protestas contra la citada Ley se han disparado en estos días, cuando llevamos en realidad una década de presencia y acción de militares en las calles, ante la ineficacia, incapacidad, insuficiencia, corrupción e incluso colusión de una parte de las autoridades civiles, léase policías municipales, estatales, ministeriales, etcétera.

En otras palabras: mientras no había un marco legal para la adecuada participación y reparto de responsabilidades para el actuar de las fuerzas armadas, y éstas estaban en las calles muchas veces haciendo el trabajo que no hacían las autoridades civiles, nadie decía nada… ¿y ahora que se propone el marco legal adecuado todo mundo brinca y se queja? Me parece que es un tema que tiene más trasfondo político. Y electoral, en estos tiempos, por supuesto.

Por el contrario, no he visto manifestaciones de la misma magnitud –por ejemplo– para exigir que, a pesar de que sí existe un marco jurídico de actuación para cada una de las corporaciones policiacas existentes, éstas cumplan a cabalidad con su cometido, tutelen la paz y la seguridad de las personas y de sus propiedades, y que además se castigue con todo el peso de la ley a quienes, siendo miembros de estas corporaciones, también se asocien con delincuentes o cometan actos delincuenciales al amparo de una placa y un uniforme al que denigran.

No me parece congruente que ahora medio mundo quiera “que regrese el ejército a los cuarteles”, esgrimiendo cifras de que el delito no ha disminuido en estos más de 10 años de su presencia pública, pero al mismo tiempo ese medio mundo no se manifieste por las evidentes deficiencias de las corporaciones civiles, por las violaciones a los derechos humanos que llevan a cabo algunos malos elementos de las mismas –y que están registradas en medios de comunicación muchas de ellas–, o por las revelaciones de que hay elementos que están coludidos con el crimen organizado, tal como lo reconoció el propio secretario de Seguridad Pública del estado, Ismael Camberos Hernández, en una rueda de prensa local.

¿Dónde están las exigencias de esos mismos grupos sociales que hoy rechazan la Ley de Seguridad Interior para que se investigue dentro de esas corporaciones, se purguen, se sancione a los elementos coludidos? ¿Por qué esas voces no suenan al mismo volumen, si es que están de acuerdo en depurar estas corporaciones y contar con elementos dignos de confianza, que en los hechos demuestren que en verdad protegen y sirven a los individuos y cuidan de sus propiedades, así como guardan la paz y la tranquilidad social?

Siento que detrás de las manifestaciones de rechazo, hay al mismo tiempo un enorme desconocimiento profundo del tema, una manipulación por parte de liderazgos que buscan llevar agua a su molino político, y una oportunidad inmejorable de ensuciar todo el proceso electoral que, en medio de estas diatribas, puede llevarnos a elegir candidatos que ni son los mejores, ni los que necesitamos.


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